Sheinbaum pide revisar acuerdo Chihuahua-Texas por alcance en seguridad

Luego de cuestionamientos sobre intercambio de inteligencia, coordinación operativa y eventual participación de agencias estadounidenses en acciones vinculadas con la frontera, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar el alcance jurídico del acuerdo firmado entre el gobierno de Chihuahua y el estado de Texas en materia de migración y seguridad.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que no conoce a detalle el contenido del convenio, pero consideró necesario que las instancias competentes determinen si el instrumento vulnera facultades federales o compromete principios de soberanía nacional.

"Pues está raro porque son dos gobiernos estatales. Y las agencias, pues son federales. Es que se analice", afirmó.

El tema surgió después de que se mencionaran puntos atribuidos al acuerdo, entre ellos intercambio de información e inteligencia, coordinación contra tráfico de drogas, armas y personas, acciones de seguridad en cruces fronterizos, colaboración tecnológica y operativa, facilidades para comercio transfronterizo y participación de agencias estadounidenses en tareas de coordinación.

Sheinbaum vinculó el caso con un debate más amplio sobre los límites de la cooperación internacional en seguridad. Reiteró que su gobierno mantiene colaboración con Estados Unidos, pero bajo el principio de "colaboración sin subordinación", con respeto a la Constitución mexicana y sin intervención externa en decisiones internas.

La presidenta contrastó esa postura con sectores políticos que, según dijo, promueven mayor injerencia extranjera en asuntos de seguridad. Defendió la capacidad institucional del Estado mexicano, incluidas Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y corporaciones civiles, para enfrentar violencia, crimen organizado y control territorial sin tutela de gobiernos extranjeros.

Maru Campos defendió la cooperación con Estados Unidos como una necesidad operativa para Chihuahua. En diversas entrevistas, sostuvo que la entidad fronteriza requiere coordinación con autoridades estadounidenses por su ubicación geográfica y por la presión del crimen transnacional. 

La mandataria estatal también rechazó haber autorizado la presencia de personal estadounidense en operativos dentro del estado sin conocimiento federal. Afirmó que no fue informada oportunamente sobre la participación de ciudadanos estadounidenses en el operativo bajo investigación y sostuvo que el caso debe aclararse mediante las indagatorias abiertas, no mediante señalamientos políticos.

Cronología del caso Chihuahua:

• El detonante operativo: En abril de 2026, un convoy realizó un operativo en la Sierra Tarahumara que culminó con el desmantelamiento de un enorme narcolaboratorio. 
• Medios acusan participación extranjera: En estas acciones participaron agentes extranjeros (aparentemente adscritos a agencias de Estados Unidos) y funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, resultando en la muerte de cuatro personas, incluyendo a un director de la corporación local y a personal extranjero.
• Implicaciones legales por presunta violación a la soberanía: La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación porque la Ley de Seguridad Nacional exige que cualquier presencia de agentes extranjeros sea coordinada y autorizada previamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo cual no ocurrió.
• Posible Juicio Político: Legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) han solicitado un juicio político contra la mandataria estatal, argumentando que su proceder vulnera la Constitución y podría tipificarse como traición a la patria, lo que podría derivar en su destitución e inhabilitación.
• Comparecencia rechazada: Fue citada a comparecer ante el Senado de la República para explicar los hechos, pero se negó a asistir argumentando que había una investigación en curso por parte de la FGR y prefirió no revelar detalles.
• Rechazo a dejar el cargo: A pesar de la presión política, las manifestaciones y las críticas, Maru Campos ha rechazado rotundamente pedir licencia o separarse de su cargo, afirmando que su gobierno actúa apegado a la ley y ha obtenido resultados importantes en materia de seguridad.

La respuesta de la Gobernadora Maru Campos ha acusado al gobierno federal y a miembros de Morena de orquestar una persecución política en su contra. Se ha defendido señalando que mientras se busca castigar a su administración por combatir al narcotráfico, en otros estados gobernados por el partido oficialista, como el caso de Sinaloa se ha normalizado la narcopolítica.

Además, ha argumentado que las personas que promueven su juicio político han sido señaladas por vínculos con el crimen organizado en Estados Unidos.