El diputado Arturo Ávila Anaya, de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público publicada en 1992. A primera vista parece una actualización técnica, pues pretende regular que las iglesias usen redes sociales y medios digitales. Sin embargo, revivió de nuevo una vieja discusión sobre el Estado laico y la libertad de expresión.
LA PROPUESTA
El texto propone que ministros de culto y asociaciones religiosas puedan operar en medios digitales, siempre que se ajusten a lineamientos oficiales que emitiría la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones junto con la Secretaría de Gobernación. El objetivo declarado es garantizar el respeto a los derechos digitales, la neutralidad de la red y evitar discursos de odio. No les prohíbe usar redes sociales, pero los sujeta a reglas que definirá el gobierno.
Las iglesias tendrían 180 días para adaptarse y presentar informes de contenido. Los lineamientos también incluirían criterios de accesibilidad digital y la prohibición de proselitismo político o discriminación. Según Ávila, la ley de 1992 se quedó en otra época, cuando las iglesias tenían prohibido poseer medios de comunicación. Su propuesta busca actualizar la norma a esta época y reconocer el papel social de las religiones “sin romper la laicidad del Estado.”
LA TORMENTA
La oposición, encabezada por el PAN, acusa al gobierno de querer vigilar y controlar las voces religiosas. “Pretender que el gobierno determine qué puede o no publicar una iglesia, un sacerdote o un creyente es autoritario y peligroso“, advirtió el diputado Marcelo Torres Cofiño. Organizaciones civiles también denuncian una censura disfrazada de ley, basada en conceptos vagos como “neutralidad” o “discurso de odio”, que podrían usarse para restringir expresiones incómodas para el poder.
Del otro lado, Morena argumenta que no se trata de censura, sino de regulación responsable. Que las iglesias, como cualquier actor social, deben respetar normas básicas para evitar mensajes discriminatorios o el uso político de la fe.
La Conferencia del Episcopado Mexicano reaccionó con dureza. Monseñor Ramón Castro Castro calificó la iniciativa como un “ataque a la libertad de expresión” y una “ley mordaza digital”. En su lectura, el gobierno busca silenciar la voz espiritual en el espacio público. El semanario Desde la Fe recordó que la mayoría de los mensajes religiosos son de ayuda y esperanza, no de odio. Y que someter sus publicaciones a reglas del Estado sería retroceder a épocas de persecución religiosa.
VIEJO DEBATE
México tiene una historia marcada por la separación Iglesia-Estado. Desde las Leyes de Reforma hasta la reforma constitucional de 1992, se ha buscado mantener esta distancia entre el gobierno y la religión. La novedad es que hoy esa frontera se juega en el terreno digital.
El problema es que la iniciativa no define qué se entiende por “discurso de odio” ni cómo se decidirá si una publicación religiosa cruza esa línea. Esa ambigüedad abre la puerta a la censura previa, prohibida por la Constitución. Si un sacerdote debe ajustar sus mensajes a “lineamientos oficiales”, entonces el Estado estaría autorizando o vetando discursos antes de que existan.
¿Es una reforma para proteger derechos o para controlarlos? El texto dice que busca “garantizar libertades”, pero delegar al gobierno federal la facultad de decidir qué se puede decir ya es un terreno peligroso. Como saben, la libertad de expresión no es un privilegio, es un derecho. Y toda regulación que dependa del criterio político del gobierno corre el riesgo de convertirse en censura.
EL DATO INCÓMODO
Según el Inegi, el homicidio doloso fue la principal causa de muerte entre personas de 15 a 44 años en 2024. En México, la juventud muere más por violencia que por enfermedad.
