Oficial Guardia Nacional

La Guardia Nacional a partir de hoy es oficial informó el Gobierno de la República, además anunció la legalidad de que cualquier habitante puede tener armas en su hogar para su legítima defensa.

Este cuerpo se integrará por Policías Federales, Marinos y Soldados. Todos conservarán rango y prestaciones, además de que darán paso a personal civil, en forma gradual, en tanto se depuran y capacitan las corporaciones en todo el país.

Los términos de su creación y los plazas de publicación de las leyes secundarías se aparecieron en el Diario Oficial de la Federación.

Así, la Guardia Nacional se convierte en una institución policial de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sus integrantes tendrán instrucción, valores y disciplina militar, además de que estarán capacitados para actuar de manera firme y con respeto a los derechos humanos.

Tendrán que observar los protocolos nacionales e internacionales que norman el uso de la fuerza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual nace la Guardia Nacional y ampliaciones para la autodefensa.

Entre otras cosas se legaliza que “los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva.

“La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”.

Se agrega que “cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”.

En este contexto se establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

Por tal, la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

Están obligados  los elementos dedicados a la prevención y procuración de justicia a regirse por principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Se anota que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.

El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional y la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.

La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.

Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, y tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;

El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes.

Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República.

La Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los siguientes elementos:

  1. Los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los Municipios;
  2. Las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y Municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de tareas de seguridad pública de competencia local;
  3. Lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial, responsabilidades y servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas que puedan homologarse, en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente;
  4. Los criterios de evaluación del desempeño de sus integrantes;
  5. La regulación sobre la disposición, posesión, portación y uso de armas de fuego, atendiendo los estándares y mejores prácticas internacionales;
  6. Las hipótesis para la delimitación de la actuación de sus integrantes;
  7. Los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, conforme a las leyes aplicables, y
  8. Los componentes mínimos del informe anual a que se refiere la fracción IV del artículo 76 de esta Constitución.

Además, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establecerá, por lo menos, las siguientes previsiones:

  1. La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública;
  2. Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública;
  3. La sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad;
  4. La previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza mediante el control físico, el empleo de armas incapacitantes, no letales y de armas letales;
  5. Los niveles para el uso de la fuerza pública por los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones para hacer cumplir la ley;
  6. La distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes, no letales y letales;
  7. Las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así como sus responsabilidades y sanciones;
  8. Las previsiones de actuación de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo

el ejercicio de la fuerza pública, con relación a personas detenidas, bajo su custodia o en manifestaciones públicas;

  1. Las normas para la presentación de informes de los servidores públicos que hagan uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones, así como para su sistematización y archivo, y
  2. Las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública.

Asimismo, la Ley Nacional del Registro de Detenciones incorporará, al menos, las siguientes previsiones:

  1. Las características del Registro y los principios que rigen su conformación, uso y conservación;
  2. El momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de detención;
  3. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida, en términos de las leyes en la materia;
  4. Los criterios para clasificar la información como reservada o confidencial;
  5. Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del Registro y los niveles de acceso;
  6. Las atribuciones de los servidores públicos que desempeñen funciones en el Registro y sus responsabilidades en la recepción, administración y seguridad de la información, y
  7. La actuación que deberá desplegar el Registro y su personal en caso de ocurrir hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos.

Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y

Para la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, las secretarías de los ramos de Defensa Nacional y de Marina participarán, conforme a la ley, con la del ramo de seguridad, para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrán estar homologados en lo conducente, a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente.