La aprobación y eventual entrada en vigor de la nueva “Ley Ambiental de la Ciudad de México”, alertó distintos sectores de la capital.

Desde el pasado miércoles, integrantes de pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes, y activistas en general, han manifestado descontento y preocupación por el contenido de la nueva Ley.

Apenas el pasado lunes, se aprobó en comisiones la propuesta que el Jefe de Gobierno presentó al Congreso el 21 de marzo.

Menos de 72 horas fueron suficientes para que, en un Periodo Extraordinario, la mayoría de las y los diputados analizara y avalara los 335 artículos de la Ley.

Son igualmente escasos los argumentos que sostienen la propuesta, el estudio técnico aportado en comisiones, no es ni el 2% del documento.

Es decir, en 6 de 331 páginas, se intenta justificar el abrogar una Ley próxima a cumplir 25 años de vigencia.

Nuevamente el Congreso queda a deber a la ciudadanía, deja pasar la oportunidad de presentar un documento solvente de argumentos capaces de garantizar ampliamente el derecho a un medio ambiente sano.

Aquí unos ejemplos: en la convocatoria no se incluyó -como señalan las normas- el dictamen para ser analizado.

Sin mayor estudio de impacto presupuestal, se señala que: “al haber sido presentado por la persona titular del Ejecutivo Local, contará en caso de ser necesario, con las debidas previsiones … evitando con ello, una posible disminución en los servicios públicos básicos…”

Quiere decir que, al ser propuesta de la Jefatura de Gobierno, las y los diputados asumen que no afecta las finanzas de la ciudad, y en caso contrario, el gobierno tomará las medidas necesarias. ¡Vaya responsabilidad legislativa!

Hablando de responsabilidades: la Ley Ambiental considera entre otras cosas el cuidado y protección del suelo de conservación y de áreas naturales, zonas que también deben estar reguladas en los Programas de Ordenamiento Territorial.

Tarde o temprano el destino nos alcanza, y nuevamente el Gobierno es rebasado por sus omisiones, pues al retirar en diciembre la propuesta de PGD y PGOT, no contamos con instrumentos de planeación en la materia.

Peor aún, la todavía vigente Ley Ambiental de Protección a la Tierra considera al Programa de Ordenamiento Ecológico, sin embargo, la nueva Ley Ambiental de la 4T elimina la vigencia de dicho documento.

Así es, igual de contradictorio es señalar no haber recibido observaciones ciudadanas, y párrafos después, decir que las propuestas presentadas han sido atendidas. ¡Que papelón!

Para rematar, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra que hoy se sustituye, considera la creación de la PAOT, desafortunadamente lo aprobado en el Congreso elimina el origen de esa institución encargada de la protección, defensa y restauración del medio ambiente y desarrollo urbano en la CDMX.