Después de que el Comité contra la Desaparición Forzada declaró que era posible que en México la desaparición forzada se hace de forma sistemática y generalizada, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), sostuvo que, en ese sentido, también existe “la posibilidad de que autoridades estatales sean omisas o den su consentimiento para que otros entes criminales cometan crímenes, lo que también se consideraría desaparición forzada”. Esta posición refuta al gobierno de México, que negó que en nuestro país existan desapariciones cometidas desde el Estado.

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En un comunicado de prensa, la ONU-DH explicó que la desaparición forzada “no sólo puede ser perpetrada por el Estado, sino también puede cometerse por grupos paramilitares, organizaciones políticas y personas involucradas en la delincuencia organizada que tuvieran la autorización, consentimiento o complicidad de autoridades estatales”.

El Comité, dice el boletín, “el Estatuto de Roma de la Corte Internacional -del cual México es parte- establece que las desapariciones forzadas son perpetradas ‘por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia’, contemplando así la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean cometidas directamente por ‘organizaciones políticas’ distintas del Estado”.

Y agrega: “Sobre la base de su experiencia y la de otros mecanismos de derechos humanos, el Comité considera que las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otras cosas, a los denominados ‘grupos paramilitares`, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal”.

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Cabe señalar que Oliver de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, activó el procedimiento del artículo 34, a través del cual se requiere información al gobierno de México, con el fin de indagar una posible desaparición forzada sistemática en el país. Al respecto, legisladores mexicanos solicitaron a De Frouville que se retracte de sus declaraciones e incluso pidieron sanciones para él.

En defensa de su presidente, la ONUDH señaló que la determinación tuvo en cuenta múltiples informes y análisis de la situación en el país, y no se tomó de forma unilateral:

“El Comité desea destacar que, de conformidad con la Convención, su decisión de activar el procedimiento del artículo 34 se adoptó por consenso sobre la base de denuncias recibidas en virtud de esta disposición, pero también teniendo debidamente en cuenta los informes, la información adicional, las respuestas presentadas de manera constructiva por el Estado parte desde el 2014 en el marco de las peticiones de acción urgente, las comunicaciones individuales y el informe adoptado por el Comité tras su visita a México”.