El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció la labor de las madres buscadoras y de las familias que mantienen la exigencia de verdad y justicia por personas desaparecidas en México.

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“Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México”, afirmó Türk en un mensaje difundido por la cuenta oficial del organismo en la red social X.

El funcionario sostuvo que los colectivos de búsqueda, muchos encabezados por mujeres, cumplen una función central en la localización de personas, la preservación de memoria y la exigencia de rendición de cuentas ante las autoridades.

La oficina del Alto Comisionado señaló que las desapariciones provocan un sufrimiento prolongado para las familias y afectan la relación entre ciudadanía e instituciones. “Erosionan la confianza entre la población y el Estado, responsable de prevenir, investigar, juzgar y condenar a los responsables”, indicó.

Türk también reconoció el valor y la persistencia de las familias y colectivos, al señalar que su labor no se limita a la búsqueda y documentación, sino que impulsa visibilidad pública y demanda respuestas institucionales frente a la crisis.

La visita del alto comisionado de Naciones Unidas en abril se insertó en un momento en que el gobierno federal redefinió su política frente a la desaparición de personas. La presidenta sostuvo que el delito se reconoce y que la atención se centra en las víctimas y capacidades institucionales.

El funcionario internacional sostuvo reuniones con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, colectivos de víctimas y autoridades. La agenda incluyó la revisión de políticas públicas, mecanismos de búsqueda y condiciones de acceso a la justicia.

La tensión se ubicó en el tratamiento del tema fuera del debate político. El gobierno defendió un enfoque técnico y de atención directa, mientras organizaciones han exigido visibilidad pública y rendición de cuentas frente a la magnitud del fenómeno.

La presidenta afirmó que el intercambio con el representante internacional permitió coincidencias sobre las prioridades. Señaló que la atención a víctimas debe guiar la política pública y que el delito requiere respuesta institucional sostenida.