La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social deberá entregar la información consistente en los nombres, cargos, teléfonos, extensiones y correos electrónicos institucionales de su personal administrativo, es decir, aquel que no realiza funciones sustantivas en reclusorios federales del país.

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La mayoría de los ministros consideró que el personal administrativo no realiza funciones sustantivas e, incluso, parte de la información ya es pública y no se advierte que divulgar esa información pueda comprometer la seguridad nacional.

Al rechazar el recurso de revisión en materia de seguridad nacional promovido por la consejería jurídica del ejecutivo federal en contra de la resolución del 20 de septiembre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), confirmó la resolución del organismo autónomo.

El ministro Luis María Aguilar, ponente del proyecto aprobado, señaló que no se ponen en peligro la seguridad nacional, porque estas áreas son solo administrativas.

Con el voto de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, la mayoría de los ministros consideró que no habrá problemas para este personal penitenciario, puesto que no hay relación con el funcionamiento de los centros penitenciarios federales.

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Además, se deberá dar a conocer la información sobre el titular de Transparencia y del área de Archivos e incluso del comisionado de Prevención y Readaptación Social, Hazael Ruiz Ortega.

También deberá darse la información relacionada con el titular de la dirección general de Administración y del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, personal de ambas áreas, así como del personal adscrito al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Dichas áreas tienen a su cargo cuestiones meramente administrativas y de asesoría legal, sin que ejerzan atribuciones relacionadas directamente con el funcionamiento de los Centros Penitenciarios Federales o que tengan un impacto franco y directo en la seguridad o gobernabilidad de éstos.