El magistrado José Manuel Torres Ángel advirtió que no es un delito la expedición de suspensiones provisionales y definitivas por amparos solicitados contra la reforma judicial. Luego de que se dio a conocer que se han iniciado carpetas de investigación contra jueces federales que concedieron estas suspensiones en los amparos promovidos por diversas personas, dijo que los pronunciamientos que hagan los jueces en estos casos no son un delito, sino una obligación. En todo caso, enfatizó, lo que sí es delito es el incumplimiento de una suspensión por parte de la autoridad.

LEE ADEMÁS: Beca Rita Cetina 2024: Fechas de registro, requisitos y cómo solicitarla

“En sí mismo conceder las suspensiones no es un delito por el que tenga que aperturarse una carpeta de investigación, de instruir una causa penal a este tipo de servidores públicos. De hecho, es una obligación de los jueces pronunciarse, ya sea porque se lo soliciten o porque en muchos de los distintos casos les resulta obligatorio pronunciarse de manera oficiosa, es decir, sin que se les solicite la suspensión”, precisó en conferencia de prensa.

El magistrado insistió en que el juicio de amparo es un mecanismo de protección de los ciudadanos e incluso en algunos casos la suspensión debe ser de manera oficiosa, es decir, sin que haya solicitud de por medio, por lo que sería muy lamentable que hubiera una persecución a los juzgadores de este tipo.

Por su lado, la magistrada Julia María del Carmen García sostuvo que la elección de personas juzgadoras costará más que las elecciones federales de 2024 que alcanzaron casi los 9 mil millones de pesos; pues, según el INE, las elecciones judiciales costarán más de 13 mil millones de pesos.

Ejemplificó que estos recursos serían suficientes para atender sectores de atención prioritaria como el educativo y de salud y recordó que el IMSS hizo una inversión de 11 mil millones de pesos para recuperar 180 hospitales y centros de salud inconclusos o abandonados.