Otra vez violencia en la UNAM

Otra vez la UNAM.

Todas las escuelas de la Universidad carecen de medidas estrictas de supervisión y vigilancia.

Cualquiera puede introducir desde una botella de alcohol hasta mariguana, cocaína o un arma.

Habrá que esperar las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pero la muerte de Aiddé Mendoza ayer no puede ni debe quedar impune ni como un caso más de esta violencia que tiene atrapado al país y a los mexicanos.

La UNAM, como parte de esta ciudad, no es una isla ni un territorio autónomo e infranqueable.

Su autonomía nada tiene que ver con extraterritorialidad, pero nadie lo entiende por ignorancia o por conveniencia.

No es como una especie de nación o territorio extranjero.

La distribución de droga en Ciudad Universitaria y en la mayoría de sus planteles, facultades, preparatorias o CCHs, se ha agudizado.

El rector Enrique Graue Wiechers prometió, cuando buscaba suceder al hoy candidato a dirigir el PRI Nacional, José Narro Robles, que desalojaría a los grupos dizque ultras o anarquistas que tienen ocupado el auditorio Justo Sierra en CU, llamado Che Guevara, pero bastó que le dieran línea desde Bucareli para abandonar su discurso por la cercanía de la elección presidencial.

Ahí continúan los llamados OkupaChe.

La violencia y el tráfico de drogas en la Universidad han ido en aumento sin que se haga nada.

En febrero de 2018 dos sujetos murieron en una balacera en la zona de los frontones, donde se vende y trafica la droga históricamente.

En mayo de 2017, Lesvy Berlín Osorio Martínez fue asesinada por su novio, hoy preso, Jorge Luis González Hernández, en una caseta telefónica de la facultad de ingeniería, en Ciudad Universitaria.

Víctor Manuel Orihuela Rojas, alumno de la Facultad de Odontología, murió en junio de 2017 al caer varios pisos desde el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras.

En noviembre de 2017, Roberto Carlos Villaseñor, estudiante de arquitectura fue hallado sin vida en la facultad de Medicina. Se habría arrojado desde un quinto piso, según una carta póstuma.

En el CCH Oriente no es el primer caso de muerte de un estudiante.

En septiembre del año pasado, Miranda Mendoza Flores desapareció al salir de la escuela. Fue encontrada sin vida. Habrían pedido rescate por ella.

El 20 de marzo de este año, Jenifer Sánchez Domínguez desapareció al salir de clases y apareció hasta el 31, sin vida.

Y aunque ambos casos sucedieron fuera del plantel, lo cierto es que se encuadran en el marco de la violencia que viven el país, la CDMX y la UNAM.

La existencia de porros y esos grupos de vándalos no es nueva tampoco y ha estado ligada siempre a la violencia. Son grupos de choque utilizados por las mismas autoridades universitarias para controlar a la comunidad estudiantil.

Son su vigilancia no oficial, sus policías.

Estuvieron siempre ligados al PRI, al PRD y a sus gobiernos y a las direcciones de las escuelas.

En septiembre del año pasado, un grupo de malandrines atacó a estudiantes del CCH Azcapotzalco que marchaban en CU justo frente a rectoría.

Fue expulsada al menos una veintena de presuntos alumnos, luego de que hubo quince lesionados, dos con arma blanca.

Graue Wiechers ya ha dicho que la opción armada no está contemplada y ha criticado a quienes quisieran verla militarizada o inundada de agentes.

 

¿Hasta cuándo se pondrá orden?

Es evidente que se necesita controlar el acceso con una tarjeta, credencial, gafete o huella digital y que tanto la rectoría como vigilancia UNAM deben dejar de ser un adorno por temor a los delincuentes.

Por si fuese poco, en los pasillos de Ciudad Universitaria y las Facultades de Estudios Superiores Acatlán, Iztacala, Cuautitlán y Aragón hay más ambulantes que en el Metro.

Parecen tianguis, donde se ofrece toda clase de mercancía.

¿Quién o quiénes autorizaron a esos comerciantes adueñarse del lugar?

Esa matanza de estudiantes de octubre de 1968 ha sido un grillete para los gobiernos que van y vienen, porque todos tienen miedo de actuar.

 

Santa Lucía y el proyecto

Andrés Manuel López Obrador dio ayer el banderazo al arranque de estudios de impacto ambiental y más para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Pero fue algo extraño.

Hasta desangelado.

Sin claridad, dijo que falta la manifestación de impacto ambiental y que lo harán para cumplir con la legalidad, pero generó polémica al asegurar que ya se había consultado a los pueblos aledaños y que habían avalado.

-Ya puedo decirles que se llevó a cabo la consulta de los pueblos de alrededor de Santa Lucía.

¿Y qué creen?

La gente aprobó el aeropuerto.

Esa es una muy buena noticia.

Nos vamos a ahorrar cuando menos 100 mil millones de pesos.

Vamos a terminar esta obra en el 2021.

Más tardó en decirlo, que los pueblos en negarlo.

Y tuvo que corregir mediante un comunicado.

En éste, se informó que el 10 de marzo se aplicó la consulta en Xaltocan, Nextlalpan, y que 626 ciudadanos aprobaron el uso de las tierras en su posesión.

José Antonio Lara, abogado del Centro de Derechos Humanos, dijo que no.

Que, acaso, uno de los veinte pueblos lo habría hecho, pero faltan diecinueve y, principalmente, San Lucas Xolox y San Sebastián.

 

Scherer y Monreal

Al concluir el segundo periodo ordinario en el Congreso, el saldo es abrumador, en comparación con anteriores legislaturas.

Guardia Nacional, reformas laboral, educativa y más.

En este trabajo legislativo destaca el consejo jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, uno de los más cercanos a Andrés Manuel, y Ricardo Monreal Avila, coordinador de los senadores de Morena y también compa presidencial.

Y en la Cámara de Diputados, Mario Delgado que, inexperto, se desbocó varias veces y tuvo que ser enderezado por Monreal Avila.

Ayer se avaló la nueva ley del trabajo, que prevé libertad sindical, voto directo y personal de todos los trabajadores y la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para que el Poder Judicial Federal resuelva los conflictos.

Hoy, en el cierre del periodo, se votará la educativa y será derogada la de Enrique Peña Nieto.

 

Vámonos: Se bajó el compadre Miguel Rincón. Acató la solicitud de López Obrador, pero se quejó: dijo que ganó limpiamente el contrato para surtir papel.

 

albermontmex@yahoo.es          @albermontmex

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