La iniciativa de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción enviada a la Cámara de Diputados por la presidenta Claudia Sheinbaum contiene elementos de censura a la participación ciudadana en la elaboración de diversas leyes, normas y reglamentos; concentra todas las decisiones en el poder Ejecutivo y pone en riesgo el uso de datos personales de la ciudadanía, alertó el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández. Por ello, el legislador panista llevar también esta propuesta a parlamento abierto, para que haya un análisis serio de este tema.

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El vicecoordinador económico del PAN acusó que se impone un modelo uniforme en todos los órdenes de gobierno, limitando la autonomía local, debido a que estados y municipios deben ajustar sus trámites y requisitos al estándar federal, lo cual puede contravenir atribuciones constitucionales, además de que no considera realidades locales.

“El PAN hace un llamado a la sensibilidad del grupo parlamentario mayoritario y sus aliados para retirar la iniciativa y en un plazo razonable realizar un análisis más profundo a través de un parlamento abierto para discutir los aspectos negativos, con independencia al impacto presupuestal que tendrá en los estados y municipios para su implementación como sucedió en su momento con la homologación del sistema de contabilidad gubernamental”, señaló.

Téllez acotó que el proyecto obliga a todos los gobiernos locales a adoptar la Llave MX, ventanillas electrónicas y el expediente digital sin asignar un solo peso etiquetado en el presupuesto federal.

Advirtió que, para un municipio promedio con ingresos anuales inferiores a 50 millones de pesos, el costo de desarrollar e integrar plataformas digitales puede representar más del 10 por ciento de su gasto corriente; por lo tanto, sin financiamiento, esta reforma será letra muerta.

“El artículo 36 exenta del análisis de impacto regulatorio a una amplia gama de normas, entre ellas decretos presidenciales, reglamentos y políticas públicas. Esto borra de un plumazo una herramienta que desde 2018 ha evitado regulaciones improvisadas y costosas para ciudadanos y empresas.

Según Coparmex, más del 70 por ciento de las normas evaluadas fueron modificadas o rechazadas por sus efectos adversos y sin este filtro, volverán las reglas sin justificación técnica”, dijo el diputado panista a través de un comunicado.

A eso se suma que se establece que la Clave Única de Registro de Población (CURP), con datos biométricos será la identificación oficial obligatoria que sustituya a la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual también es un riesgo.

“Esto no solo centraliza peligrosamente los datos personales más sensibles, sino que impone su aceptación incluso en trámites privados.

En un país donde los ataques a bases de datos públicas se triplicaron entre 2020 y 2023, esta concentración sin blindaje específico equivale a construir un cofre digital sin cerradura”, alertó.