Pareciera que el presidente busca inhibir la acción de la CNDH: González Pérez

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, lamentó la nueva descalificación del presidente Andrés Manuel López Obrador a ese organismo autónomo y le pidió congruencia, pues él viene de un proceso democrático y ahora pareciera que quiere evitar los contrapesos.

En entrevista, señaló que la CNDH no busca confrontarse con el presidente de la República, pero lamentó que se pretenda inhibir la actuación de este organismo, que ha alzado la voz en muchas ocasiones contra la violación a los derechos humanos.

“Me sorprendió y me preocupó, expresiones como las dichas por el señor presidente, a quien yo respeto en lo personal y en lo institucional; que no comparto su visión. Creo que me parece grave que se condene la disidencia, el que se disienta en las visiones, y que no sé si con ello se busque inhibir las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, sentenció.

Luego de que el presidente López Obrador asegurar que la Comisión no tiene calidad moral, González Pérez consideró que al presidente sus asesores no le están dando la información clara y precisa y por ello esté incurriendo en inexactitudes.

Añadió que también hubo diferencias con el gobierno anterior y como muestra de ello están casos como los de Tanhuato, Apatzingán, Nochixtlán e Iguala.

“La institución es un contrapeso sano, no confrontativo, no es adversario de las instituciones; busca coadyuvar, podemos tener diferentes puntos de vista, pero ahí están las ideas, los argumentos para debatir, y creo que no debe ser polarizando los diálogos entre las instituciones”, sentenció.

Ayer mismo, la CNDH presentó el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas y reveló que Secretaría de Gobernación, FGR, Salud, SEP, STPS y CEAV no han cumplido con las obligaciones específicas que les marca la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

El diagnóstico comprende el periodo del 15 de junio del 2012, al 31 de julio de 2017 y señala que la asistencia y protección a víctimas de los delitos en materia de trata de personas no ha estado garantizada en el país ni se cuenta con una política pública instalada y accesible a ella.

Además, las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal con obligaciones específicas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos –como la SEGOB, PGR (hoy FGR), Salud, SEP, STPS y CEAV— no realizaron acciones indispensables para garantizar los derechos de las víctimas que cada día aumenta debido a la impunidad y falta de protección oportuna de las autoridades.

Entre las acciones en las que dichas autoridades fueron omisas destacan el establecimiento del Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, la adecuación del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, la correcta implementación y evaluación del Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas, Ofendidos y Testigos de los delitos en materia de trata de personas y del Protocolo único para el uso de procedimientos y recursos para el rescate, asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas, la estrategia para brindar oportunidades de trabajo a las víctimas, así como aquellas dirigidas a garantizar el derecho a la educación y salud de éstas hasta su rehabilitación y resocialización.