GABY SALIDO
Aprovechando la renuncia de Arturo Zaldívar, el Presidente López Obrador podrá nombrar un 5º integrante de la Corte durante su sexenio.
Mas tardó el Senado en debatir las causas de esa renuncia, que el anuncio de su incorporación al equipo de la virtual candidata de Morena para la presidencia.
Siguiendo el ejemplo de quien fuera la primera mujer electa como Jefa de Gobierno de la CDMX, dejó el cargo faltando solo un año de terminar.
Lo controvertido de esa renuncia, puso nuevamente en la agenda pública la relación entre el presidente y el poder judicial, pues hasta ahora ha nombrado 4 de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo, también ha comenzado ataques políticos, señalamientos públicos y reformas legales, intentado minar la soberanía de uno de los poderes de la Unión, sin quitar el dedo del renglón para que sus integrantes sean elegidos en procesos electorales.
Sin perder la oportunidad, como lo hizo a principios de 2022, el Presidente mandó una terna de mujeres candidatas ante el Senado, siendo uno de los requisitos su militancia y cercanía a la 4T.
Tristemente, la paridad de género en la Suprema Corte de Justicia, es rehén de una estrategia política de la 4T.
Como lo hizo hace más de un año para la designación de Loretta Ortiz, la silla presidencial empaña el perfil de 3 mujeres, al anteponer militancia y cercanía política, a los méritos profesionales de cada una de ellas.
Si analizamos las condiciones en las que dicha terna fue conformada y propuesta, al amparo de los derechos políticos de las mujeres, Andrés Manuel López Obrador ejerció violencia en razón de género.
A 174 años de la primera Convención por los Derechos de las Mujeres, usar la paridad de género solo como un argumento, demuestra que aún falta voluntad política y verdadero compromiso de Estado para acompañar realmente la causa feminista.
En medio de este proceso que debe seguir el Senado, hay una fecha importante: 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, lo cual, llama a la reflexión.
Basta recordar una de las conclusiones del Relator Especial de Naciones Unidas, al estudiar la Independencia de Magistrados y Abogados, en el Informe sobre la participación de la mujer en la Administración de Justicia, elaborado en 2021:
“Bajo la apariencia de nombramientos fundamentados en un enfoque de género pueden esconderse nombramientos políticos que no son compatibles con los requisitos de autonomía, independencia e idoneidad”.
Es decir, la 4T resta mérito al acceso de las mujeres a estos cargos, al usar como discurso y bandera la igualdad de derechos sociales, políticos y económicos de la mujer, en vez de impulsar la causa feminista con conciencia, convicciones y congruencia.
