PEDRO FLORES
El movimiento no lo genera una sola fuerza, sino el encuentro de los contrarios. Para desarrollarnos es necesario reconocer lo diferente bajo condiciones de igualdad. Esto es importante tanto en nuestra vida personal como en los asuntos públicos.
Por esta razón, habrá que congratularse por dos iniciativas recientes. Primero, la realización del Segundo Encuentro Nacional Ciudadano del Frente Cívico Nacional (FCN) en noviembre pasado. Ahí, se “aprobó por mayoría” que en enero de 2025 el Frente solicitará su registro como una “nueva fuerza política” ante el Instituto Nacional Electoral. Además, se aprobaron diversos documentos que se irán enriqueciendo en asambleas a lo largo del país (La Jornada, 23.11.24 nota de F. Camacho).
Entre estos documentos, se encuentra la “Declaración de Principios” que consta de 21 puntos. De éste, llama la atención el compromiso con la pluralidad y con la “construcción de la ciudadanía democrática” por vía de la educación. Hay también, y claramente, lugares comunes y repetición de formas discursivas utilizadas por el oficialismo (“la salud es un derecho, no un privilegio”) que esperamos se renueven con pensamiento e imaginación.
El numeral 7 se refiere brevemente a la Educación, Salud y Seguridad Social. Sobre éste, es notable que aparezca el término “aprendizaje” junto al de “cultura” como base del desarrollo humano y social del futuro. Si se prosigue por el camino de ligar a la educación con la cultura y la ciencia, el Frente podría ir delineando una agenda innovadora, popular y efectiva que marque diferencia con la “arrogancia tecnocrática” y con el “populismo simplificador” (Subirats) que la política educativa mexicana ha experimentado.
La segunda iniciativa política y ciudadana que vimos recientemente fue el posicionamiento de varios especialistas frente a la decisión del legislativo de desaparecer la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Se dice que al extinguir esta comisión ya no habrá “duplicidad de funciones”, pues la evaluación pasará a la SEP.
No obstante, la verdad es que este movimiento implica que el juicio sobre la calidad del Sistema Educativo Nacional tienda a ser sólo uno: el oficial.
Nuestro posicionamiento sobre la desaparición de la Mejoredu hace varias peticiones.
Una de ellas es que, ante el inminente trabajo que tendrá que hacer la SEP en términos del diseño e instrumentación de la evaluación, no se cierre. El involucramiento de distintos actores no gubernamentales, maestras y maestros, investigadores, así como la participación de las diversas entidades federativas, es central para asegurar el rigor técnico de cualquier esquema de evaluación. Además, agregaría yo, el uso y difusión de los resultados deberá repensarse a la luz de los errores cometidos en el pasado. Es evidente que la evaluación no es un tema popular de política pública. Clasifica al individuo y eso puede herir su “estatus social” (Sandel). Además, es relativamente caro evaluar de manera representativa en tiempos de “austeridad republicana”. Por eso, el actual régimen la pudo degradar y debilitar. Además, los agentes educativos la ven como un factor de cambio “remoto” (Martínez-Rizo) cuando cotidiana y continuamente están enfrentando problemas en sus escuelas, bachilleratos y universidades.
Mostrar entonces la utilidad de la evaluación educativa en estos tiempos será todo un reto para la oposición. Imperan los “otros datos”. El escenario cambió y sobre éste habrá que actuar pronto para que el pedagogo democrático entierre al “ogro filantrópico”.