La reforma constitucional en materia eléctrica afectará a los consumidores, dañará la competitividad y múltiples litigios por violaciones al estado de derecho, concluyeron los foros organizados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para debatir sobre la iniciativa.

Con tres mesas de análisis el “Diálogo abierto sobre la Reforma Eléctrica, impactos al bienestar”, fue un espacio plural y objetivo para dar voz a expertos relacionados con el sector energético, en la cual 39 ponentes y moderadores expusieron sus ideas en siete mesas de discusión.

Senadores, diputados, académicos, empresarios e investigadores pusieron énfasis en los efectos, posibles beneficios y repercusiones -de ser aprobada- tendrá la reforma en el medio ambiente, seguridad y certeza para la inversión, finanzas públicas, mercado eléctrico, compromiso de acuerdos internacionales, incertidumbre jurídica, competitividad y bienestar social.

En la mesa “Certidumbre Jurídica para el sector energético. Modificaciones al marco legal”, la moderadora Jaleyna de la Peña, integrante del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, señaló que más allá de que la iniciativa es destructiva, significa un retroceso, incumplimiento y así como violaciones a tratados internacionales.

Indicó que uno de los aspectos más graves, es el daño económico que se estima en por lo menos 44 mil millones de dólares en capacidad instalada de generación privada.

El Consejero Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), José Ángel Santiago Ábrego, planteó que de entrar en vigor, la iniciativa desconocerá derechos adquiridos por los permisionarios para desarrollar y operar una central eléctrica.

También, agregó, derecho al Retorno de Inversión y a la obtención de una rentabilidad razonable, proyectada conforme a sus planes de negocio.

Precisó que la medida afectaría irremediablemente el principio de retroactividad, cuestión que revive la interrogante de si es procedente o no, el juicio de amparo para impugnar este tipo de acciones.

Por su parte, Lucía Ojeda Cárdenas, socia de SAI Derecho & Economía, reflexionó acerca de la certidumbre que debe prevalecer en el país para generar las  condiciones necesarias para que los inversionistas planeen sus actividades.

Centró su presentación en dos puntos que afectan la certeza jurídica en particular, como son: el diseño institucional y la desaparición de la figura de empresa productiva del Estado y sus implicaciones. Reiteró que la reforma no respeta derechos adquiridos, lo que implica para las inversiones, una expropiación de facto.

En su exposición, José Mario de la Garza, consejero delegado de Coparmex en Litigio Estratégico, profundizó respecto a las expropiaciones de facto, que dijo, se darían inmediatamente cuando entre en vigor la iniciativa, Destacó dos afectaciones principales:

La primera, relacionada con las acciones que deberán seguir las empresas extranjeras que invierten en el sector eléctrico en México, valiéndose de los mecanismos de los más de 40 tratados celebrados que vienen con protección a inversionistas y la segunda, con la desprotección de los inversionistas nacionales que no cuentan con los mismos recursos legales.

Jesús Soledad Terrazas, abogado especialista en litigio constitucional, socio de Soledad & Carrasco, calificó a la iniciativa como un “golpe brutal” a la seguridad jurídica.

Cerró su participación con un llamado a que “no solamente las empresas cuiden sus inversiones, sino que, como ciudadanos afectados por decisiones políticas que buscan reimponer una visión de hace 100 años, es urgente que entendamos que no podemos quedarnos de brazos cruzados”.

En la mesa número seis se abordó el tema “Impacto en la competitividad de las empresas. Riesgos para la inversión”, en el que el moderador Francisco Salazar Diez de Sollano, ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ofreció como dato inicial que el cambio en la lógica de distribución que se pretende implementar con esta iniciativa, costaría al país 3 mil millones de dólares por año.