Pegasus: ¿quién ordenó borrar todo? un lugar para tres mujeres en la Corte

Pegasus quedará en la impunidad.

El software que costó 32 millones de dólares –unos 600 millones de devaluados, pero útiles pesos– y que se utilizó en el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar a enemigos de la paz y del sistema, incluidos los periodistas, podría concluir en apenas una sanción administrativa para los involucrados.

Pese a que espiar sin una orden judicial está prohibido y es delito, todo indica que su uso quedará impune, porque el software habría sido desinstalado de las computadoras y del sistema de la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), sin cumplir el protocolo, por lo que se habría perdido toda evidencia de irregularidades y la información obtenida.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó ayer a la FGR determinar si quienes operaron Pegasus incurrieron en responsabilidades administrativas.

Sí, administrativas.

Y dará vista al Ministerio Público federal por la probable comisión de delitos por los contratos de 2016 y 2017 para la actualización de la licencia, así como a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El destino incierto de datos personales, bases, almacenamiento, seguridad y borrado, al desinstalarse, llaman al sospechosismo.

La PGR ocultó los contratos de 2016 y 2017, para renovar licencia, y sólo informó de 2014.

Pegasus se conoció en 2017 cuando teléfonos celulares de periodistas comenzaron a ser invadidos.

El método era sencillo:

Un mensaje de texto con leyendas diversas como “Murió mi padre, ¿vas a venir al funeral?” era enviado al aparato.

El receptor, sin pensarlo, lo abría por curiosidad o error y automáticamente era intervenido el aparato.

El diario The New York Times reveló que en el peñanietismo al menos tres dependencias utilizaron el software, que sólo se vende a gobiernos y que fabrica con tecnología israelí NSO Group.

Así, adivinó usted, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la PGR y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) , en consecuencia la Secretaría de Gobernación, lo habrían usado para espiar a todo aquel que representara un peligro para el Estado y para el gobierno de Peña Nieto.

Se conoce que Luis Fernando Ayala Puente, según MCCI, cercano vía Aurelio Gancedo a Jesús Murillo Karam, el cansado procurador general que sepultaron los 46 normalistas de Ayotzinapa, es fundador de la empresa Grupo Tech Bull, que vendió el programa.

La sucesora de Murillo Karam, luego titular de la Función Pública, Arely Gómez, dijo entonces que las procuradurías utilizan esas herramientas de inteligencia con base en la ley y en un afán por mantener la seguridad.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que próximamente se conocerán todos los archivos del Cisen. Serán desclasificados.

Pues que se conozcan los de Pegasus.

Y que se castigue penalmente a quien lo haya utilizado.

¿Quién ordenó borrar la información y desinstalar sin respaldo el programa de las computadoras en la PGR?

 

Tres por un lugar

En el Senado de la República se cabildea para la elección de la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en lugar de Margarita Luna Ramos.

Se trata de Yazmín Esquivel Mossa, doctora en derecho, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y esposa de José María Riobóo, contratista y amigo de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo de Loretta Ortiz Ahlf, académica y esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, colaborador de López Obrador en el Gobierno del Distrito Federal y nombrado recientemente fiscal electoral por Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

Y de Celia Maya García, doctora en derecho, magistrada en materia civil del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, profesora, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ex candidata a gobernadora.

Estas últimas repiten, porque participaron en diciembre pasado en la terna para suceder a José Ramón Cossío, en la que resultó ganador Juan Luis González Alcántara.

Al respecto, Maya García, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), con cuarenta años de experiencia, descarta que haya una decisión tomada desde Palacio Nacional y que la competencia le motiva.

-Esta es una gran oportunidad para enviar una señal de transparencia y de que la cuarta transformación sacude las estructuras en todos los ámbitos, dice.

Se dice afortunada y distinguida por el simple hecho de formar parte de la terna, lo que, bromea, ha originado que en su pueblo la vean como una heroína de película.

Jamás he resuelto una sentencia con sesgo partidista, y he defendido la independencia del Poder Judicial.

Sabe que es una competencia cerrada, pero confía en su experiencia.

El 5 de febrero, en la conmemoración del 102 aniversario de la Constitución Política de 1917, en el Teatro de la República, Andrés Manuel se acercó a la magistrada y la saludó efusivamente, lo que fue interpretado como una señal hacia Paseo de la Reforma.

El Senado cuenta con 30 días para pronunciarse sobre esta terna, a partir del 30 de enero, cuando comenzó el proceso.

De no haber consenso en dos oportunidades, el Ejecutivo debe enviar otra terna y, de repetirse el no acuerdo, puede decidir directamente.

 

Bien cobrones

Chihuahua, aunque usted no lo crea, es campeón en materia fiscal, según el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Estrellita en la frente para Javier Corral, según la oficina ejecutora de Hacienda, en eficacia recaudatoria, eficiencia, eficacia operativa, ejemplaridad y cumplimiento normativo.

 

Vámonos: Iztapalapa está caliente, caliente.

 

albermontmex@yahoo.es @albermontmex

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