Patricia Ramírez / Ovaciones
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En medio del enfrentamiento entre el poder Judicial y el Ejecutivo federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá desahogar un proyecto de sentencia sobre prisión preventiva oficiosa, para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que México debe adecuar su legislación a los parámetros internacionales.

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Y es que, en abril de 2023, la Corte Interamericana condenó al gobierno de México por el uso de la prisión preventiva oficiosa y le ordenó adecuar su ordenamiento jurídico para hacerlo compatible con instrumentos internacionales.

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La sentencia señaló que el Estado mexicano deberá adecuar su marco normativo respecto a las figuras del arraigo pre-procesal y la prisión preventiva oficiosa, con el fin de que su aplicación cumpla con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte IDH estableció un plazo de un año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de la sentencia, que se cumple precisamente en este mes.

Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila discutir un proyecto de sentencia en el que se delinean los pasos para que no se aplique la prisión preventiva oficiosa, además se negarían órdenes de arraigo.

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En el caso del delito de tortura, la CIDH señaló que deberá asegurarse que la persona detenida que alega haber sido torturada o se sospecha que lo ha sido, sea evaluada por un médico que le pueda dar atención inmediata a su salud y que no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias o de detención.

El proyecto presentado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo establece que la prisión preventiva oficiosa entendida como automática resulta contraria a los derechos a la libertad personal, a ser oído, a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley.

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En caso de aprobarse este proyecto, la sentencia tendrá efectos generales y deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.

“No se puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte IDH, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos”, explica el proyecto del ministro.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que la Corte está a punto de votar este proyecto y advirtió que sería un golpe brutal para el sistema de justicia, pues implicaría la liberación inmediata de decenas de miles de presuntos delincuentes y cuyas sentencias se han retrasado precisamente por la ineficiencia del poder Judicial.

Este proyecto fue listado desde enero, pero su discusión se ha aplazado en las últimas semanas, por lo que habrá que esperar si se desahoga en los próximos días.