La sala superior del Tribunal Electoral, con la mayoría de tres magistrados, se perfila para modificar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para permitir a las autoridades hacer promoción de las elecciones judiciales, que se realizarán el 1 de junio próximo.

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El proyecto de sentencia presentado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que será votado este miércoles, establece que los servidores públicos podrán informar a la ciudadanía sobre estas elecciones, pero de manera institucional.

El documento deja en claro que el INE es la autoridad principal para ejecutar actividades relacionadas con la promoción del voto, pero también se permite que otros poderes y entidades federativas participen bajo directrices específicas.

Entre los lineamientos establecidos se contempla que la promoción debe ser imparcial, institucional y educativa, evitando cualquier tipo de propaganda personalizada, proselitismo o referencias a partidos políticos o candidaturas.

Además, se prohíbe mostrar nombres, imágenes o cualquier elemento que identifique a las personas candidatas y en el caso de propaganda a través de internet, no se permite incluir logotipos, nombres o colores de las autoridades que la emiten, aunque deben informar al INE sobre la publicidad realizada.

Se permite que las personas servidoras públicas promuevan la elección judicial en redes sociales, siempre que cumplan con los lineamientos establecidos. Las legisladoras y legisladores, tanto federales como locales, pueden realizar actividades de promoción, siempre que los recursos públicos utilizados sean destinados a fines constitucionalmente lícitos y sin sesgo hacia alguna candidatura.

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El proyecto también menciona que el INE puede celebrar convenios con otras autoridades para llevar a cabo actividades de promoción o difusión, respetando la legislación electoral. En general, se busca garantizar que todas las actividades de promoción sean transparentes, equitativas y alineadas con los principios democráticos.

Sobre este mismo tema y en respuesta a las impugnaciones presentadas por gobernadores, la magistrada Janine Otálora propone mantener la exclusividad del INE en la promoción del voto y la participación ciudadana durante el proceso electoral, pues este organismo tiene la facultad exclusiva de garantizar la equidad en la contienda electoral, conforme a la ley vigente.

Argumenta que las restricciones impuestas por el INE están fundamentadas en la Constitución y la legislación electoral y que los agravios presentados por algunos actores políticos son infundados e inoperantes. Además, el proyecto busca confirmar que los gobiernos estatales no tienen razón al intentar intervenir en estas actividades de proselitismo.