Pide Sheinbaum revisar criterios de extradición entre México y EU

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó revisar los criterios aplicados en solicitudes de extradición y detención entre México y Estados Unidos tras los señalamientos contra Rubén Rocha Moya. Afirmó que ninguna acusación contra ciudadanos mexicanos puede avanzar sin pruebas formales y bajo el marco constitucional.

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Durante su conferencia matutina, Sheinbaum criticó el planteamiento de que el gobierno mexicano solo tendría como opciones detener, extraditar o encarcelar a los señalados. Afirmó que existe una vía previa obligatoria: exigir evidencia que permita a las autoridades mexicanas determinar si procede una investigación.

"¿Tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas", afirmó la presidenta al fijar la postura del gobierno federal. Añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) debe actuar únicamente con base en elementos jurídicos verificables y no por presión política o mediática.

Sheinbaum sostuvo que el caso obliga a revisar la relación bilateral en materia de cooperación judicial. Señaló que el mismo criterio exigido a México debe aplicarse a Estados Unidos y anunció que su gobierno presentará 36 casos en los que autoridades estadounidenses negaron solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición por falta de pruebas.

La presidenta argumentó que actuar sin evidencia vulneraría la soberanía nacional y el Estado de derecho. Dijo que si México solicitara la detención urgente de un gobernador estadounidense en funciones, Washington exigiría sustento legal antes de cualquier decisión. Bajo ese principio, insistió en que la relación bilateral debe sostenerse en reglas recíprocas.

La presidenta también respondió al tratamiento mediático del caso. Cuestionó a analistas y comentaristas que han planteado acciones inmediatas contra Rocha Moya. Sostuvo que parte del debate público utiliza el concepto de Estado de derecho de manera selectiva, según conveniencias políticas. Bajo esa crítica, defendió que el respeto a la legalidad no puede invocarse solo cuando favorece una postura determinada.

También rechazó que la definición del caso dependa de coyunturas políticas. Señaló que el Ejecutivo debe defender la Constitución, garantizar un juicio justo para cualquier ciudadano y evitar decisiones discrecionales. "Si hay pruebas suficientes, se procede. Si no hay pruebas, no se procede", sostuvo.

La titular del Ejecutivo subrayó que la misma protección constitucional aplicará para funcionarios emanados de partidos políticos de oposición, garantizando la equidad en el marco del sistema penal acusatorio.

Vinculó la defensa institucional con la legitimidad democrática de su gobierno. Recordó que al asumir el cargo juró defender la Constitución, las leyes y la soberanía nacional. Bajo esa lógica, presentó su respuesta como una obligación derivada del mandato presidencial.

El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, se encuentra en un punto de inflexión política y jurídica tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en territorio estadounidense. La controversia escaló a raíz de una misiva atribuida al líder del Cártel de Sinaloa, en la cual se asegura que el mandatario estatal participaría en una reunión el mismo día de su detención; encuentro donde también habría sido asesinado el político Héctor Melesio Cuén.

Aunque Rocha Moya rechazó estas versiones y presentó pruebas de su estancia en Los Ángeles durante esa fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo las investigaciones para esclarecer las inconsistencias entre la versión oficial de la fiscalía local y los hallazgos federales.

En el ámbito institucional, la administración federal ha mantenido una postura de respeto a la autonomía de la FGR, evitando emitir juicios directos sobre la responsabilidad del gobernador mientras no se presenten pruebas judiciales concluyentes.

No obstante, el caso reavivó los cuestionamientos sobre la seguridad en la entidad y la legitimidad del proceso electoral de 2021, el cual fue validado por las autoridades correspondientes en su momento. Actualmente, Rocha Moya continúa en sus funciones bajo un esquema de protección oficial solicitado por él mismo, mientras el país aguarda los resultados de las diligencias que determinen si existió colusión de funcionarios estatales en los hechos ocurridos en julio de 2024.