CIUDAD DE MÉXICO, 22JUNIO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos; Rosario Ibarra Piedra, secretaria de Derechos Humanos, y las ciudadanas Micaela Cabañas Ayala y Alicia de los Ríos Medino, encabezaron la Ceremonia de inicio de actividades de la Comisión para el acceso ala Verdad, el esclarecí Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, con la Secretaria de la Defensa Nacional. El acto se realizó en el Campo Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional.
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La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, pedirá a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta cite a comparecer a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, por presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para proteger a deudores alimentarios y violar derechos menores.
Mencionó que ya se reunió con el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para expresarle que los deudores alimentarios infringen en sus hijos violencia económica, psicológica y emocional.
Manifestó su inconformidad con esa acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH, pues ha sido difícil el registro de deudores alimentarios, “yo estoy segura que es una violencia doméstica el que no se dé alimento a sus hijos, sobre todo a menores”.
Sánchez Cordero afirmó que no podría estar de acuerdo en que se les violenten sus derechos a los menores de edad, cuando los deudores alimentarios violentan sus derechos.
Cabe mencionar que el 7 de julio pasado, la CNDH presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra artículos de diversas leyes y ordenamientos de Yucatán, que establecen como requisito no ser deudor alimentario moroso para ser titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.
También incluye a quienes son aspirantes a candidato independiente y titular de las dependencias o entidades que integran la Administración Pública local; bajo el argumento de que este requisito es discriminatorio y coloca a los aspirantes en inseguridad jurídica.
