Piden diputados locales sancionar las llamadas deepfake

Diputados locales analizarán reformas legales para considerar una afectación al patrimonio moral la captación, reproducción, modificación o publicación de fotografías, filmes o cualquier otro procedimiento que, mediante el uso de software de inteligencia artificial, manipule estos archivos de imagen, video o voz para que parezcan originales, conocidos como deepfakes.

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La diputada Ana Buendía García presentó una iniciativa para frenar estas manipulaciones digitales, ya que las deepfakes o delitos contra la imagen de las personas, se dispararon un 700 por ciento entre 2022 y 2023 en México.

Explicó que esta propuesta es crucial para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la era digital, y para ello adiciona un tercer párrafo al artículo 26 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

“La adición que proponemos a la ley busca considerar una afectación al patrimonio moral la captación, reproducción, modificación o publicación de fotografías, filmes o cualquier otro procedimiento que, mediante el uso de software de inteligencia artificial, manipule estos archivos de imagen, video o voz para que parezcan originales, auténticos o reales, sin la autorización de la persona con el derecho a otorgarla. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales, como la usurpación de identidad o cualquier otro acto que la ley tipifique como delito,” dijo.

Agregó que el derecho a la propia imagen es fundamental, pero con el avance de la tecnología, aumentó alarmantemente el uso de deepfakes, que se dispararon en México un 700% entre 2022 y 2023, según reporte de Sumsub, una plataforma de verificación de identidad.

Además, el 69 por ciento de los usuarios de redes sociales en México ha estado expuesto a ellos y en este marco es importante atender este tema desde la legislación local.

La propuesta para la regulación de los deepfakes se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictamen. Se suscribió a la misma la diputada Elizabeth Mateos de Morena.