Foto: Cuartoscuro

Los 22 gobernadores de Morena y sus aliados y la dirigencia nacional de Morena demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dar marcha atrás a la suspensión del Plan B de la reforma electoral, decretada por eso ministro Javier Laynez Potisek, por ser ilegal.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, difundió la carta firmada por los mandatarios y él mismo y aseguró que la arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek de suspender el Plan B de la reforma electoral debe ser revertida por el pleno de la SCJN.”La transformación de la vida pública de México está en curso y no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas”, sentenció.

El documento señala que la reforma busca reducir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE para la nación.

Asimismo, subraya que la determinación del ministro Laynez Potisek es inconstitucional por porque a Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales.

Además, violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el poder Legislativo.

“Es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables”, apuntan los gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Consideraron que el pleno de la Corte debe revertir está determinación y atender el  recurso de reclamación presentado por el Ejecutivo federal, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento.

“Quienes firmamos este texto manifestamos nuestra más resuelta decisión de seguir pugnando, en el marco de la legalidad y por medios pacíficos y democráticos, por la renovación y la moralización de las instituciones nacionales”, concluye el documento.