URBANO BARRERA
Foto: Cuartoscuro (archivo)
Los 19 gobernadores de Morena enviaron una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde les piden se respete la Constitución, la división de Poderes y no se elimine la figura legal de “prisión preventiva oficiosa”.
Las y los gobernadores y Jefa de Gobierno estamos unidos. pic.twitter.com/oDETaHaUUt
— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 7, 2022
Cada uno de los mandatarios expresó que en el actual contexto, no se debe relajar la lucha para mantener la paz y la seguridad en el país.
“Los gobiernos surgidos del movimiento de la 4T estamos comprometidos con garantizar a la sociedad una seguridad pública efectiva a corto, mediano y largo plazo”.
Por ello, “estamos atendiendo las causas de la violencia que nos heredaron por más de tres décadas neoliberales”, suscriben.
En la misiva los mandatarios locales agregan que “se tiene en cuenta que la desesperanza, la desarticulación familiar y la desesperación, son el ‘caldo de cultivo’ en la comisión de los delitos en una sociedad en la que prevalecen las desigualdades sociales y económicas”.
Aseguran que para atacar esta desigualdad, acordes con el presidente de la República se han implementado políticas de bienestar que vayan subsanando la descomposición social generada por aquellos años de políticas equivocadas de los gobiernos anteriores.
Los gobernadores añadieron que adicional a lo anterior, se han fortalecido los cuerpos de seguridad, se ha contribuido a la implementación de operativos coordinados entre las policías estatales y las fuerzas federales de seguridad.
Indican que se han tomado acciones coordinadas para acabar con la impunidad que prevalecía en el sistema de justicia.
Aseguran que la prioridad cuando se comete un delito es proteger a la sociedad y a las víctimas. Ello, en el marco del debido proceso penal, pues se había abusado de “la Puerta Giratoria” en las instancias de justicia.
Suprimir la prisión preventiva oficiosa equivaldría a poner nuevamente a los delincuentes en las calles y permitirles nuevamente la posibilidad de delinquir.
Aseguraron que las víctimas y la sociedad, tratándose de delitos graves, quieren estar seguros de que los agresores no están en la calle y continúan amenazando su integridad.
Sobre todo cuando esas personas en forma reiterada siguen delinquiendo y amenazan a sus acusadores sin que procedan las denuncias correspondientes que llegan al Ministerio Público y a las fiscalías.
Presentaron argumentos de por qué no debe suprimirse la prisión preventiva oficiosa y dijeron que, primeramente, la política de seguridad implementada por el gobierno federal, ha sido exitosa y efectiva, particularmente en el combate a la impunidad donde la prisión preventiva oficiosa ha sido fundamental para que los delincuentes no se den a la fuga ni prosigan en la comisión de más delitos.
El dilema, dijeron, no es el número de personas que están en prisión preventiva, sino cómo se debe garantizar la justicia a las víctimas.
Dijeron que de conformidad con el artículo 19 de la Constitución, es el juez quien de oficio debe abrir el debate sobre la imposición de la medida, respetando el carácter subsidiario, excepcional y proporcional de la medida.
Es decir, no es de manera automática que el juez dicta la prisión preventiva, sino a través de la consideración previa del análisis y criterios que el juez hace en cada caso.
Afirman que modificar la ley no es atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indican que el mismo texto constitucional establece el mecanismo y las competencias.
Aclararon que el artículo 19 no fue impugnado por la Comisión de los Derechos Humanos, ni por nadie en su momento de decreto, ni en los tiempos que prevé la ley para tal efecto.
