AIDA RAMÍREZ

Foto: Crisanta Aguilar/Cuartoscuro.com

Adicional a los vinos, licores, abarrotes y artículos de limpieza, los cigarros son de los artículos que suele robar el crimen organizado para venderlos a través de diversos canales de distribución, como el ambulantaje, los tianguis e incluso Centrales de Abasto y hasta comercios bien establecidos, como tiendas de abarrotes, alertó el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeños y la Empresa Familiar (CONCOMERCIO).

Es más, señaló que de acuerdo con el estudio “Consumo Ilegal de Cigarros en México”, elaborado por la firma Oxford Economics, cerca del 20 por ciento de los cigarros que se venden en México son de procedencia ilícita, esto es que puede ser producto del contrabando, robo o sin código de seguridad, lo que implica un muy alto riesgo para quien los vende y los consume, y constituye una pérdida en la recaudación del gobierno por más de 13 mil 500 millones de pesos.

Por ello, pidió a los comerciantes a no caer en la tentación de vender productos robados o de contrabando, como los cigarros, pues esa actividad podría implicar consecuencias ante la autoridad, desde sanciones económicas, que adelantó, ya se estudia en el Poder Legislativo una sanción de 50 pesos por cada cajetilla-, hasta la suspensión temporal del negocio y la pérdida de su patrimonio.

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El dirigente de la organización, Gerardo López Becerra pidió a los encargados y dueños de comercios y demás negocios a no adquirir para su venta productos de procedencia dudosa o ilegal, “aun y cuando, en apariencia, podría resultar un negocio con amplio margen de ganancia”.

Refirió que apenas el pasado 31 de octubre, el diputado del PRI, José Francisco Yunes Zorilla, presentó al Congreso de la Unión una propuesta para proteger al comercio legal y aumentar las sanciones económicas en contra de quienes almacenen, vendan, enajenen o distribuyan cigarros ilegales, ya sea de contrabando, sin código de seguridad o robados, y que podría ser de unos 50 pesos por cajetilla de procedencia ilegal.

Alertó que otra grave consecuencia son los problemas que se tendrían con la autoridad tanto de índole fiscal como penal, pues los comerciantes o encargados de los negocios que vendan ese tipo de productos ilegales se convierten en un eslabón más de la cadena del crimen organizado, por lo que su patrimonio podría estar en riesgo.

López Becerra puntualizó que, “por más tentador que resulte vender un producto ilegal que supuestamente les deja una utilidad mucho mayor, nunca será un negocio seguro, pues siempre el comerciante vivirá en la zozobra de que pueda ser sorprendido por la autoridad y enfrentar problemas; sin duda, lo mejor siempre será ir por la vía legal”.