AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro.com

A la lenta recuperación que se tiene en el puerto de Acapulco, tras el paso del huracán Otis, ahora se suman las pérdidas de cientos de millones de pesos en los últimos días como consecuencia de la intervención del crimen organizado, en rubros como extorsión y otros delitos, que han obligado a detener o acortar las escasas actividades económicas.

A ello se suma la inacción de parte de la fiscalía general de Guerrero, encabezada por Sandra Luz Valdovinos Salmerón, acusó el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de ese puerto, Alejandro Martínez.

“La afectación económica al día de hoy, ya rebasa los 400 millones de pesos; esto, en seis días que viene este bloqueo a la movilidad de la ciudad. Por qué? Porque las tiendas de conveniencia, autoservicios están cerrando más temprano, hay unas que en los primeros días definitivamente, los dos primeros días, se tuvo que cerrar definitivamente en el primer cuadro de la ciudad porque no llegó el personal a trabajar; entonces tuvimos que cerrar y esta restricción de horarios que tenemos también ha impactado al día de hoy, ya estamos rebasando los 400 millones de pesos en pérdidas al sector comercio servicios y turismo de Acapulco“, señaló en conferencia de prensa.

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Por ello, hizo un llamado urgente, más que al gobierno federal y al estatal, a los legisladores locales, a que citen a comparecer a la fiscal del estado, toda vez que, advirtió, hay inacción de la misma, pese a los constantes delitos que se están registrando.

“Yo le pediría a los diputados de Guerrero, quienes son, quienes vigilan, supervisan el trabajo de la fiscal Sandra Valdovinos, que le citen a comparecer ya, para ver qué es lo que está pasando con los asesinatos en Guerrero y que no se están resolviendo. La fiscalía del estado de Guerrero desgraciadamente ha sido opaca, ha fallado en las investigaciones, no hay detenidos y no hay presentados y no hay una investigación contundente por parte de la fiscalía del Estado de Guerrero y esto genera la impunidad y la violencia que estamos viviendo”, afirmó.

Es más, recordó el caso de una denuncia de una comerciante de pozole muy conocida, que no cedió a las extorsiones y cuyos familiares fueron asesinados, que de acuerdo a versiones, la propia fiscal le pidió mejor huir a otro estado, por falta de garantías para su seguridad.