La bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuso establecer claramente en la ley como un tipo de violencia aquella que se ejerce por parte de cónyuges, concubinos, parejas o exparejas, incluyendo cualquier persona con la que exista o haya existido una relación sentimental o íntima.

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La diputada María Teresa Ealy dijo que este reconocimiento es clave para evitar interpretaciones restrictivas por parte de autoridades, que en muchos casos han desestimado estas agresiones como conflictos personales, negando medidas de protección y generando procesos de revictimización.

La reforma al artículo 6 y la adición de un artículo 7 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, es un paso sustantivo para cerrar vacíos normativos que han limitado el acceso efectivo a la justicia para las mujeres.

En la exposición de motivos, la legisladora enfatizó que la violencia contra las mujeres constituye una de las violaciones a los derechos humanos más graves, persistentes y estructurales en México, destacando que este fenómeno no sólo se mantiene vigente, sino que continúa afectando a miles de mujeres en contextos afectivos donde históricamente se ha normalizado el control, la dominación y la desigualdad.

Uno de los elementos centrales de la reforma es el reconocimiento de que la violencia no concluye con la ruptura de la relación. Por el contrario, advirtió que “uno de los momentos de mayor riesgo para las mujeres ocurre precisamente cuando deciden poner fin a una relación violenta”, ya que es en esta etapa donde suelen intensificarse conductas como el acoso, amenazas, violencia económica, digital o incluso agresiones físicas y sexuales.

Asimismo, el proyecto establece que este tipo de violencia deberá ser atendido bajo principios fundamentales como la debida diligencia reforzada, la perspectiva de género, la prevención del riesgo feminicida, la protección integral de la víctima y el acceso efectivo a la justicia, con el objetivo de fortalecer la actuación institucional.

Ealy Díaz subrayó que el objetivo de la reforma es “nombrar para proteger”, al tiempo que afirmó que nombrar la violencia es el primer paso para erradicarla. La propuesta tiene impacto directo en mujeres jóvenes, mujeres en relaciones no convivenciales o sin vínculo formal con su agresor, quienes históricamente han quedado fuera de la protección legal.

La iniciativa también se alinea con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, al reconocer que la violencia puede ser ejercida por cualquier persona con la que exista o haya existido una relación afectiva.

Finalmente, la reforma plantea la armonización legislativa en las entidades federativas y la capacitación obligatoria del personal encargado de atender estos casos, con el fin de consolidar un marco jurídico más sólido y eficaz frente a la violencia de género, garantizando el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.