El senador Daniel Barreda Pavón, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de establecer la figura de “oficial de ética y cumplimiento” en las empresas del país.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Comisión Anticorrupción y Transparencia del Senado explicó que el objetivo es contar en cada empresa con una persona responsable de coordinar programas de ética, prevenir actos de corrupción desde el interior y atender denuncias internas.

“Cada empresa debe contar con una persona formada y responsable, encargada de coordinar su programa de ética y prevenir la corrupción desde adentro”, afirmó.

Detalló que el oficial de ética y cumplimiento podrá vigilar el respeto a la ley, se promoverá una cultura de integridad y garantiza que tanto directivos como empleados conozcan y cumplan las reglas internas.
Barreda Pavón señaló que la propuesta no sólo busca un cambio normativo, sino enviar un mensaje claro:

“Declaramos que la ética no es un accesorio decorativo, sino una columna vertebral de nuestra economía”, sostuvo.

Agregó que la iniciativa busca fortalecer la confianza de inversionistas internacionales, dar certeza a la sociedad civil sobre la vigilancia de la honestidad y advertir a quienes incurren en corrupción que los mecanismos de control se están fortaleciendo.

Durante la presentación, Rosaura Villanueva Arzápalo, ex titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, consideró que la iniciativa fomentaría ambientes empresariales éticos y contribuiría a disminuir los niveles de corrupción.

Por su parte, Blanca Patricia Talavera Torres, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, destacó que incorporar esta figura podría garantizar que las políticas de integridad no queden en documentos formales, sino que se implementen de manera efectiva.

En tanto, Fernando Sentíes Palacio, embajador de Ética para América Latina de Las Empresas Más Éticas, afirmó que sería un primer paso para que las empresas asuman su responsabilidad en el cumplimiento de estándares éticos y rindan cuentas de sus acciones.

Noel Díaz Ayala, fiscal anticorrupción de Durango, señaló que la reforma impulsaría la competitividad de las empresas y reforzaría la confianza en el país como destino de inversión extranjera.

Finalmente, Abelardo Valenzuela, fiscal anticorrupción de Chihuahua, subrayó que la propuesta también fortalecería la transparencia y la rendición de cuentas, no sólo en el sector privado, sino en el vínculo con los servidores públicos.