PATRICIA RAMÍREZ
Las poblaciones callejeras en la Ciudad de México han sido históricamente discriminadas y debido a que no tienen una dirección muchas veces ni siquiera son tomadas en cuenta para la elaboración de estadísticas. En particular niñas, niños y adolescentes en situación de calle son los más vulnerables entre los vulnerables, pues enfrentan abandono, maltrato, discriminación que los convierten en invisibles, aunque estén a la vista de todos.
Activistas y diputados locales señalan que de acuerdo con las cifras disponibles, proporcionada por el gobierno de la Ciudad de México, en la capital hay alrededor de 6 mil 500 personas viviendo en la calle.
El Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras, que data de 2019, subraya que las poblaciones callejeras están conformadas de manera heterogénea, pues hay presencia
de bebés, niñas, niños, adolescentes, personas adultas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTTI, con alguna problemática de salud, entre otras, quienes a su vez conforman colectivos que emulan el tejido social del que han salido, ya sea por no tener otra opción o decisión propia; tienen en común la fractura del núcleo o vínculo familiar, pobreza, uso y abuso de sustancias adictivas y violencia.
En este sentido, el diputado local Royfid Torres advirtió que se requiere que estas poblaciones tengan acceso a servicios de calidad y programas sociales, para tratar de darles calidad de vida.
Insistió en que ante la revictimización que se ha hecho de este sector de la población, es fundamental identificar los problemas que originan que estén en esa situación, para eliminarlos y no caer en discriminación o la violencia sistemática en su contra.
Recordó que estas poblaciones fueron de las más afectadas durante la pandemia de Covid19, porque los espacios que son utilizados tradicionalmente como parques y plazas fueron confinados, mientras que estuvieron cerrados los comedores comunitarios.
“Cuando hablamos de población callejera es importante definir que es un grupo de la sociedad que ha llegado ahí por distintas razones, que es provocado por causas diversas como extrema pobreza, vínculos familiares quebrados o terminados, por lo que han tenido que allegarse a espacios públicos para encontrar un hogar, arraigándolos a la calle, encontrando amor, lealtad y acompañamiento entre ellos, pues es mejor estar en la calle que en esos lugares de donde salieron”, enfatizó.
Añadió que se les ha invisibilizado y discriminado sistemáticamente por la falta de protocolos, pero la situación en la que vivían se ha agravado desde octubre de 2019, con situaciones de violencia y abuso por parte de los entes de gobierno, que deberían de intervenir de mejor forma, lo que asociaciones como El Caracol A.C. ha denunciado con casos como el de Hermelinda Vergara Pérez, ejemplo de la tragedia y la impunidad en que se realiza esta atención a población de calle”, declaró.
Torres Gonzáles exhortó a la autoridad local, para que asuma los costos de las omisiones y maltratos a esta población, a la cual se quiere reducir de alrededor de siete mil, entre los que habitan las calles y beneficiarios de los Centros de Asistencia.
“La población de calle vive y muere en total abandono, en la impunidad que existe en el trato que le dan, por eso la autoridad debe hacerse cargo de estas omisiones y que estos espacios sirvan para visibilizar la situación, a las personas e investigar a quienes los casos de quienes no se han nombrado. Tratemos de entender y encontrar un camino para discutir, entender y reducir el origen, pero no a ellos”, sentenció.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, dijo que el camino para lograr la transformación de la situación de vida de miles de personas que viven y sobreviven en el espacio público callejero requiere del trabajo constante, desde una perspectiva integral, así como del reconocimiento permanente de sus derechos.
Acotó que requiere de la valoración de las organizaciones de la sociedad civil que ejecutan programas y acciones para las poblaciones callejeras, a través de observaciones y propuestas relacionadas con el Espacio Público, la Intervención basada en las necesidades específicas y su Derecho a la Inclusión y a una Vida Digna.
Consideró que la contraposición de derechos que genera el uso del espacio público, precisa de mecanismos de coordinación orientados a garantizar el Derecho a la Ciudad, reconocido por la Constitución Política de la Ciudad de México, y que sólo es posible ejercer para las personas que viven y sobreviven en la calle, con la participación del Gobierno y de la sociedad civil.
