POR URBANO BARRERA

 

La trata de personas en México exhibe cifras preocupantes y dramáticas. Involucra a mujeres y hombres mayores de edad, así como menores (niñas y niños) de condiciones humildes explotados por organizaciones del crimen internacional.

 

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y cruces de información con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como Organizaciones Civiles,  hasta 2021 las fiscalías del país del fuero común y federal identificaron a 3 mil 896 víctimas de trata.

 

De ellas, ellas 2 mil 934 fueron mujeres, mil 45 de ellas  menores de edad.  Entre el universo, 798 fueron del sexo masculino, siendo 505 menores de 18 años.

 

Los estados con mayor número de víctimas son Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Oaxaca.

 

Tlaxcala, aunque es un estado de alta incidencia en el delito, tiene entre 40 a 99 víctimas.

 

Estas instituciones establecen que del total de las víctimas, 93 por ciento son mexicanas y 7 por ciento pertenecen a otro país.

 

A últimas fechas donde más ocurre el problema es Colombia, Honduras, Venezuela y Guatemala.

 

A este grave problema, se añade que la legislación para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, y para la protección y asistencia a víctimas, se encuentra en revisión tanto en la Cámara de Diputados, Senadores, y la Comisión Intersecretarial en Materia de Trata, debido a que los elementos del tipo penal establecidos no son claros, y permiten la impunidad, así como lo que escuchamos anteriormente.

 

En este contexto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sólo coadyuva en la prevención y combate a delitos de operadores con recursos de procedencia ilícita en la trata.

 

Aunque se avanza con la Ley de migración, donde en caso de víctimas, el delito o testigos, se aplicará el procedimiento de retorno asistido con la intervención de funcionarios consulares o migratorios del país que los recibe, no es suficiente.

 

Puesto que si la víctima decide quedarse en territorio nacional, tiene la opción de regularización de la situación migratoria, a eso se suma la ley general de víctimas.

 

De acuerdo a los estudiosos de estas instituciones, el problema de la trata viene de fondo; la situación económica y la cultura patriarcal.

 

Por un lado, en México, el empleo informal es de 31.4 millones de personas, que representan el 56.3 por ciento de la población ocupada.

 

Las entidades con mayor informalidad laboral, son Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

 

En desigualdad, se puede apreciar que Chiapas cuenta con un 75.5 por ciento de pobreza, seguida de Guerrero con un 66.4 por ciento; Puebla con un 62.4 por ciento, Oaxaca con un 61 por ciento, y Tlaxcala con 59.3 por ciento.

 

Baja California tiene el menor porcentaje de población en pobreza, con 22.5 por ciento, seguido de Nuevo León con 24.3 por ciento, Chihuahua con 25.3 por ciento, Coahuila y Colima.

 

Si se cruza la desigualdad con la trata, los estados más pobres son los que proveen las personas para ser víctimas de trata, donde los otros estados con menor pobreza son donde las explotan. Teniendo en cuenta que algunos si son de origen, tránsito y destino.

 

En torno a la violencia de género, se incrementó en México de 2018 a 2021, en ella llama la atención el aumento de violencia digital contra niños, que va desde el bullyng, hostigamiento sexual, hasta la pornografía infantil, e intentos de enganche para la trata.

 

Así, México es el tercer país en pornografía infantil, después de Tailandia y Camboya.