POR PATRICIA RAMÍREZ

Una serie de mensajes en Twitter contra la comunidad de la diversidad sexual y en particular contra la diputada transgénero Salma Luévano, podría costarle al diputado Gabriel Quadri de la Torre la posibilidad de acceder a algún cargo de elección popular en 2024, pues no podría acceder a la reelección legislativa ni a su intención de ser nuevamente candidato a la presidencia de la República.

Esto, porque la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el legislador cometió violencia política contra las mujeres en razón de género y ordenó inscribirlo por cuatro años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Sin embargo, la decisión final está en manos de la sala superior del TEPJF, instancia que tiene ya el caso enlistado para ser desahogado y quien determinará si ratifica la sanción o la descarta.

Y aunque el legislador federal ha tratado de “lavarse la cara” posando junto a la otra legisladora transgénero, María Clemente García, serán los magistrados electorales los que determinarán el destino del polémico legislador panista.

Y es que, de acuerdo, con el fallo de la sala regional, los comentarios realizados por el diputado tuvieron como finalidad invisibilizar a la denunciante y a las mujeres transgénero, vulnerando su derecho político electoral de ejercicio del voto pasivo, al relacionarse con una categoría de género.

Se determinó que Quadri cometió violencia política contra las mujeres en razón de género en las modalidades de violencia psicológica, sexual y digital, al realizar comparaciones destructivas y rechazo por referir que las mujeres trans son distintas a las cisgénero y utilizar lenguaje discriminatorio, vulnerando con ello la dignidad de las mujeres transgénero, utilizando una red social para su comisión.

REGISTRA INE 195 SANCIONADOS

El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, contiene a la fecha un total de 195 personas identificadas como sancionadas, de ellas 166 son hombres y 29 mujeres.

La entidad con más personas infractoras registradas es Oaxaca, con 61; seguida de Veracruz, con 32; Tabasco con 17; Baja California con 14; Sonora, con 9; Chiapas, Chihuahua y San Luis Potosí con 8 cada uno; Quintana Roo, 7 y Guanajuato con 6.

Además, Campeche, Ciudad de México y Querétaro registran cinco casos cada uno; mientras que Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo y Nayarit tienen 4 personas en condición de sancionados; Jalisco y Puebla tienen 3 casos cada uno;  Morelos y Yucatán, dos; Coahuila, Colima, Michoacán y Tamaulipas tienen solo un caso cada uno.

De todas las personas que han sido víctimas de violencia política en razón de género, 79, equivalente al 33.47 por ciento del total son regidoras; 60 son o fueron candidatas, esto es 25.42 por ciento; 19 son presidentas municipales y la misma cantidad corresponde a síndicas; esto es 8.05 por ciento cada categoría.

REINCIDE 11 VECES

Un caso paradigmático es del ahora ex presidente municipal de Altotonga, Veracruz, Ernesto Ruiz Flandez, ha sido registrado once veces en este padrón de violentadores políticos, debido a las constantes agresiones contra la regidora María Elena Baltazar.

Durante su gestión, el munícipe retuvo el salario, negó información e incluso insultó una y otra vez a la ex funcionaria por lo que fue inscrito en el Registro y durante 10 años no podrá sr candidato a ningún cargo de elección popular.

Al respecto la consejera Norma de la Cruz Magaña lamentó que el número de casos se sigan incrementando, que el 85 por ciento de los agresores sean hombres y uno de ellos reincidente en 11 ocasiones, por lo que sugirió hacer una revisión a fin de lograr que se inhiba este tipo de conductas.

“Es importante que tengamos que revisar cómo hacer que este Registro sea realmente inhibitorio de este tipo de conductas violentas”, precisó.

Destacó el hecho que Aguascalientes, Durango, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, no cuentan con un registro local ya que dos de estas cinco entidades se encuentran en proceso electoral.