Podría Rosario Robles acudir a la Cámara de Diputados para comparecer por el juicio político en su contra

Rosario Robles Berlanga tendrá hasta el próximo 10 de diciembre para comparecer ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y, de solicitarlo, el juez que lleva su causa tendría que extenderle un permiso para abandonar el reclusorio para acudir a San Lázaro.

El presidente de esta instancia legislativa, Pablo Gómez Álvarez, explicó que el pasado lunes se le notificó a Robles Berlanga en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, respecto del procedimiento iniciado en su contra.

Una vez hecha la notificación, corre un plazo de siete días para que la denunciada comparezca ante la Sección Instructora, de ser su voluntad, personalmente o por escrito, a través de sus abogados. En caso de que decida comparecer en persona, se realizará el trámite ante el juez de Distrito correspondiente.

El legislador de Morena explicó que en la reunión de este miércoles se analizó la ruta del proceso de juicio político contra la ex funcionaria federal, Rosario Robles Berlanga, señalada por el presunto desvío de recursos públicos en el caso conocido como La Estafa Maestra.

Asimismo, Gómez Álvarez informó que llamará a comparecer a funcionarios de universidades, empresarios y funcionarios públicos, en el marco del desahogo del juicio político contra Rosario Robles.

“A partir del momento que se cierre este plazo, que será el día 10 de diciembre, la sección va a resolver la apertura del periodo de pruebas de 30 días naturales, ininterrumpidos. Al término de esos 30 días, se decidirá qué es lo que va a hacer: si prolonga el periodo de pruebas o lo cierra”, siempre considerando a denunciantes y a la denunciada.

Aseveró que el periodo de pruebas se puede ampliar a discreción del órgano que preside, “cuando nos acerquemos a esa fecha tendremos que evaluar cuál es el estado de las pruebas con las que contamos y según eso decidiremos cerrar el periodo de pruebas que la ley señala”.

Agregó que en esta etapa mencionada se harán requerimientos de archivos certificados a diversas dependencias del gobierno federal referidas en las denuncias; universidades, entidades públicas o privadas, así como a los servidores públicos que participaron directamente en la implementación de convenios.

“Nos vamos a dirigir pidiéndoles que nos informen qué convenios hicieron y cómo los hicieron (…) Vamos a ver si efectivamente fueron desviados y hacia dónde en el caso de que hubieran sido”, apuntó.

Asimismo, solicitarán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las observaciones consideradas en la investigación, a efecto de evaluarlas como posibles pruebas en el proceso de juicio político.

Después del periodo de presentación de pruebas y alegatos, que prevé iniciar el 15 de diciembre, podría desahogarse en cuatro meses, estimó el diputado.

“El juicio político en México se inicia en una especie de juzgado de instrucción que al concluir sus actividades tendrá que decidir si presenta al Pleno para que el denunciado sea acusada ante el Senado o no”, dijo Gómez Álvarez.

Añadió que posteriormente se remite la resolución a la Cámara de Senadores que turnará a la sección de enjuiciamiento que formulará sus conclusiones, para determinar si se erige un jurado de Sentencia, que dará la resolución definitiva.

Recordó que hace más de 90 años se registró el último juicio político, por lo tanto, no se cuentan con muchos antecedentes, “ni elementos que normalmente en otras ramas de los enjuiciamientos existan”.

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