POR PATRICIA RAMÍREZ
Tras las acusaciones de que en Michoacán operó en crimen organizado durante el proceso electoral pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Instituto Nacional Electoral (INE) a desarrollar mecanismos para que, reconociendo la existencia del problema y el peligro de la incidencia de grupos criminales en procesos electorales, se establezcan acciones y protocolos concretos al respecto.
Durante la sesión del pasado miércoles, que terminó en la madrugada, los magistrados determinaron que en al menos cuatro municipios hubo evidencia de la actuación del crimen organizado, por lo que fueron anulados los votos en las respectivas casillas, por lo que es necesario que se tomen medidas para evitar que la delincuencia incida en los resultados electorales.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, consideró que se podrían celebrar convenios de coordinación con las autoridades de seguridad pública y electorales para diseñar metodologías y planes de acciones en procesos electorales en zonas conflictivas, generar mapas de riesgo con acciones específicas en cada municipio y que estos se den a conocer a la opinión pública.
Además, crear filtros de investigación que sean aplicables a las candidaturas, a fin de que los partidos y las autoridades puedan contar con información veraz y precisa, con el fin de evitar la participación de grupos criminales.
También, elaborar un protocolo de guía y actuación de las autoridades para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y de los electores en zonas con presencia del crimen organizado y bueno, celebrar foros y consultas con expertos en la materia de seguridad para la elaboración de estos documentos, protocolos, planes y mapas que pudieran realizarse y, sin duda, también, reglamentar una facultad de atracción preferente, conforme a la cual el INE pueda atraer, en cualquier etapa alguna elección local o municipal, en la que se adviertan indicios de interferencia ante el potencial de grupos criminales.
Sin embargo, los magistrados Mónica Soto y José Luis Vargas argumentaron que su voto concurrente se debía a que la instrucción planteada para que el INE creara una política electoral nacional que estableciera acciones y protocolos de actuación frente al problema y peligro de la incidencia de grupos criminales en procesos electorales, podrían ser acciones que excedieran las facultades de dicho instituto electoral
Además, se determinó dar vista al Instituto Estatal Electoral de Michoacán a fin de que se inicie un procedimiento sancionador por la incidencia de hechos relativos a la violación de la veda electoral en esa entidad.
La sentencia que confirmó el triunfo del Alfredo Ramírez Bedolla señala que si bien se acreditaron algunas de las irregularidades alegadas por los actores, estas, ni en lo individual ni en su conjunto, son suficientes para declarar la nulidad de la elección de la gubernatura; no obstante, se determinó anular la elección de los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho, que forman parte del distrito electoral 22 de la entidad.
