Mientras que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada enfocó todos sus esfuerzos por prohibir la tauromaquia como se conocía hasta hace no mucho, en Aguascalientes políticos del mismo partido Morena dieron la cara por la fiesta brava.
Mientras el gobierno capitalino se enfoca en este tema, problemas más apremiantes claman por atención, pero eso le pasa de noche a Brugada Molina.
La Ciudad de México enfrenta una crisis hídrica severa, con el sistema Cutzamala operando a niveles críticos y colonias enteras dependiendo de pipas.
La inseguridad sigue siendo una preocupación constante, con índices de delitos como el robo y la extorsión afectando la calidad de vida.
La movilidad urbana, colapsada por el tráfico y un transporte público insuficiente, demanda soluciones integrales.
Y la desigualdad social, visible en el contraste entre las zonas céntricas y las periferias, requiere políticas públicas de mayor alcance.
En este contexto, la dedicación de recursos legislativos y políticos a reformar la tauromaquia parece desproporcionada, casi como un intento de desviar la mirada de los ciudadanos hacia un tema que, aunque importante para algunos, no es prioritario para la mayoría.
Los defensores de la tauromaquia argumentan que la reforma amenaza 30 mil empleos directos en la capital y una industria que genera nueve mil millones de pesos anuales a nivel nacional.
Más allá de los números, la fiesta brava es vista por sus partidarios como una expresión cultural arraigada, parte de la identidad mexicana desde el siglo XVI.
La falta de un debate inclusivo y la rapidez con que se aprobó la reforma sugiere una agenda política más que una solución equilibrada.
La pregunta de fondo es si el gobierno de Clara Brugada está utilizando la tauromaquia como cortina de humo para evitar rendir cuentas en temas más complejos.
La reforma no aborda las causas estructurales del maltrato animal en otros ámbitos, como el abandono de mascotas o las condiciones de los animales en mercados y granjas. Al mismo tiempo, al presentarla como una “modernización” en lugar de una prohibición, el gobierno parece querer evitar el costo político de enfrentarse directamente al sector taurino, dejando a muchos con la sensación de una maniobra ambigua.
La Ciudad de México merece un gobierno que priorice sus problemas estructurales con la misma energía que dedica a temas simbólicos. La tauromaquia, ya sea vista como arte o crueldad, no debería ser el centro de la discusión cuando hay crisis que afectan a millones de capitalinos.
Si la intención es avanzar hacia una ciudad más ética y justa, que se empiece por garantizar agua, seguridad y movilidad para todos, antes de reformar tradiciones que, para bien o para mal, forman parte del tejido cultural. La verdadera transformación no se logra con prohibiciones veladas, sino con soluciones valientes a los problemas que realmente importan.
La pregunta de la semana: ¿Le cobrará factura política al partido Morena?
