Prácticas monopólicas


En un hecho inédito en el país la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), detectó colusión de siete bancos para manipular el mercado de bonos gubernamentales y generar un presumible cuantioso daño al erario.
Los bancos Santander, BBVA, Bank of América, Citibanamex, JP Morgan, Barclays, y Deutsche Bank son señalados como probables responsables de estos ilícitos manejos en la subastas de Cetes a lo largo de los últimos tres años.
Resultan inauditas las prácticas monopólicas de estas instituciones bancarias que coludidas fijaban el precio a la alza o restringían la comercialización de los valores de deuda gubernamentales.
De octubre de 2016 a junio de 2019 la Cofece revisó la subasta de valores gubernamentales en los que encontró prácticas que pueden considerarse colusión entre participantes del mercado, lo que les pudo haber permitido importantes ganancias en perjuicio al erario y otros inversionistas.
Para dar una idea de lo que esto puede significar, tan solo en el año 2016 el gobierno subastó certificados de la Tesorería por un billón 521 mil millones de pesos, sobre los cuales pudieron alterarse su venta de mercado con prácticas de los bancos citados consideradas como monopólicas.
El proceso se encuentra hoy en etapa de consolidación para iniciar un juicio contra los presuntos responsables, pero se estima que al menos algunos de los altos ejecutivos de las instituciones bancarias señaladas podrían ser imputados.
La acción de la Cofece es loable y ahora toca a los bancos alegar su defensa porque de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica los agentes económicos emplazados aceptarían por ciertos los señalamientos si no presentan alguna manifestación en defensa.

SUSURROS
La Coparmex se erigió como cabeza de playa en la lucha contra las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados que equiparan la emisión y uso de facturas falsas con delincuencia organizada.
La molestia empresarial, hay que aclararlo, no es generalizada, porque el grueso de los hombres de negocios en México, micros, pequeños y medianos, no podrían incurrir en el supuesto delictivo, pues se requiere un desfalco fiscal de al menos 7.8 millones de pesos.
Sin embargo, la iniciativa privada se lanzará con todo contra las nuevas normas fiscales e interpondrá cuanto recurso legal este a su alcance ante la Suprema Corte de Justicia.

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