El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) advirtió que el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión incluye una agenda que podría representar retrocesos en materia de derechos humanos, particularmente por el avance de la militarización de la seguridad pública y la falta de medidas de fondo frente a la crisis de desapariciones.

En un posicionamiento a través de sus redes sociales, la organización expresó su preocupación por las reformas relacionadas con la Guardia Nacional, las cuales, señaló, aseguran que esta institución sea plenamente militar, sin controles civiles.

Además, apuntó que las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal amplían de forma excesiva las atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en materia de inteligencia. “Así, avanza la militarización”, alertó el Centro Prodh.

La organización civil subrayó que estos cambios profundizan el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sin mecanismos de supervisión civil, lo que contraviene los estándares internacionales en la materia y plantea riesgos para la protección de derechos fundamentales.

En paralelo, el Centro Prodh señaló que las reformas a la Ley General en materia de desaparición tampoco representan un avance sustantivo. Aunque se han dado a conocer cambios menores y de forma, el texto actualizado de la iniciativa del Ejecutivo no ha sido difundido públicamente, indicó.

Entre las preocupaciones, la organización destacó que no se contempla el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que enfrenta un rezago operativo importante, y que sí podría eliminarse la figura del reporte administrativo por desaparición, lo cual, advirtió, reduciría las denuncias y permitiría el control de cifras sin reflejar la magnitud real del problema.

De acuerdo con el Centro Prodh, estas modificaciones no solo limitarían avances reales, sino que también desmovilizarían la exigencia de justicia en casos emblemáticos como el de Teuchitlán, cancelarían la presión para renovar a funcionarios en cargos clave, facilitarían la presentación de avances ficticios ante el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) y revertirían logros obtenidos por familiares y colectivos de víctimas.

La organización concluyó que los espacios de diálogo entre el gobierno y las víctimas deben mantenerse, pero advirtió que ello no debe implicar una disminución en la exigencia ni en la revisión crítica de las medidas adoptadas frente a una crisis que, afirmó, requiere transformaciones de fondo.