La reducción de la edad penal y la incorporación de adolescentes al sistema penal de adultos representan el principal foco de preocupación en América Latina y el Caribe, advirtieron especialistas en derechos de infancia y ex integrantes del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en un pronunciamiento respaldado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
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El documento señala que estas reformas legales, impulsadas o aprobadas en Perú, Ecuador, El Salvador, Honduras, Argentina, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Panamá, constituyen una ruptura con el sistema de justicia penal juvenil especializado que exige la Convención sobre los Derechos del Niño.
Según los firmantes, las medidas regresivas vulneran principios fundamentales del derecho internacional, al promover la privación de libertad como herramienta punitiva, sin atender su carácter excepcional, temporal y orientado a la reintegración social.
Además, alertaron al señalar que estas decisiones elevan los riesgos de tortura, tratos crueles, violencia sexual, estigmatización y reincidencia entre adolescentes, afectando su proyecto de vida y deteriorando el tejido social de las comunidades.
En lugar de abordar las causas estructurales que colocan a niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, como son, dijeron que el rezago educativo, la falta de oportunidades laborales y la exposición al crimen organizado, las reformas fortalecen una narrativa de criminalización hacia las juventudes.
“La represión punitiva no puede ser la respuesta al fracaso estatal en garantizar derechos fundamentales”, advierte el pronunciamiento, que fue adoptado en su totalidad por la CDHCM.
El organismo refrendó su apoyo al llamado para que los Estados de la región se abstengan de promover o mantener reformas que contradigan el marco jurídico internacional en materia de justicia juvenil, y deroguen aquellas que ya han sido aprobadas.
“La seguridad sostenible no se construye con más castigo a las y los adolescentes en conflicto con la ley, sino con más justicia social”, expuso el organismo.
