PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com
El presidente Andrés Manuel López Obrador echó a andar desde el recinto parlamentario del palacio nacional y acompañado de todo su gabinete, su Plan C, que contiene reformas constitucionales y legales destinadas a consolidar el proyecto de la 4T, aunque sin contar con la mayoría calificada para hacer pasar la mayoría de ellas.
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Con el proceso electoral más grande de la historia en marcha, el presidente delineó lo que será su testamento político para la siguiente presidencia y que marcará el ritmo de la agenda parlamentaria en el último tramo de la LX Legislatura.
En lo que fue la antigua sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se aprobó la Constitución de 1857, señaló que estas reformas buscan modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal y contrarias al interés público.
En su discurso, señaló que su doctrina, el humanismo mexicano, se nutre de la historia mesoamericana y el legado de los héroes de la Patria y sentenció que estos cambios legales buscan atender las necesidades de los mexicanos más vulnerables.
Agregó que el objetivo de este paquete de reformas es fortalecer los ideales y principios de la justicia, austeridad y democracia, los cuales han sido origines de la Cuarta Transformación.
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Recriminó que durante el periodo neoliberal se perdió el poder adquisitivo del salario y la educación estuvo en riesgo, ya que querían privatizarla.
El presidente enfatizó que en su gobierno se ha logrado revertir la pobreza y la desigualdad, no obstante, es necesario proteger entre todos estos avances para evitar que haya una regresión en el futuro.
Por ello, enlistó las 20 reformas que fueron enviadas de inmediato a la Cámara de Diputados para que sean analizadas y discutidas en esta y la próxima Legislatura.
La primera es reconocer a los pueblos, comunidades indígenas y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público y se les consulte cuando haya obras que puedan afectarlos.
La segunda plantea establecer en la Constitución el derecho a la pensión a los adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar su monto año con año, también las personas con discapacidad tendrán garantizada su pensión de manera universal.
La tercera plantea elevar a rango constitucional otorgar becas a familias pobres en todos los niveles educativos, para apoyar a los estudiantes a permanecer en la escuela. La cuarta, que fue expresada de manera muy escueta, es garantizar la salud de manera gratuita a todos los mexicanos.
La quinta es que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas, mientras que la sexta incluye la prohibición del maltrato animal.
La sexta reforma consiste en prohibir el maltrato animal y la séptima plantea prohibir el fracking y la actividad minera a cielo abierto. En tanto, la octava propone hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico.
La novena es prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas y vapeadores, penalizar con severidad la extorsión y el delito fiscal de cuello blanco mediante factureras y la décima, no permitir bajo ninguna circunstancia el aumento al salario mínimo menor a la inflación.
En onceavo lugar enumeró que el salario mínimo para maestros, médicos, guardias nacionales, no podrá ser menor a los de los trabajadores registrados en el IMSS.
La doceava es para revertir las reformas de pensiones de 1997 y la de 2007, porque afectan a trabajadores del IMSS y el Issste en tanto que les impiden jubilarse con el cien por ciento de su salario, así desde mayo de 2024 se creará un fondo semilla de 64 mil millones de pesos que se irán incrementando y se sutilizará en primera instancia para compensar a los trabajadores afectados por la reforma neoliberal.
También propone en los puntos 13 y 14 elevar a rango constitucional los programas Jóvenes Construyendo el Futuro para que los jóvenes sean contratados por el Estado y también institucionalizar Sembrando Vida y los proyectos de producción del bienestar, precios de garantía y entrega de fertilizantes.
En el número 15 plantea utilizar para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionadas, además de que se garantizará el acceso a internet para todos y que la CFE dejará de ser empresa productiva para ser nuevamente una empresa pública.
El número 16, una de las más polémicas, plantea reducir el financiamiento a campañas y partidos políticos; eliminación de legisladores plurinominales para que queden solo 300 diputados y 64 senadores. Asimismo, consejeros y magistrados electorales serán electos por voto popular. También la reducción de 40 al 30 por ciento para que las consultas populares y revocación de mandato sean vinculantes.
La reforma judicial plantea que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular y los candidatos serán propuestos por el presidente, Congreso y poder Judicial.
La número 18, adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena y la 19 elevar a rango constitucional la austeridad republicana, y establecer nuevamente que nadie podrá ganar más que el presidente.
La última, la 20, plantea eliminar órganos autónomos creados durante el periodo neoliberal y centralizar sus funciones en el gobierno federal.
