La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez presentó el decálogo de atención para las manifestaciones sociales, de cara al próximo 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
Convocó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a darles seguimiento, respetando la libertad de expresión y sin criminalización.
Así, indicó que el gobierno federal “garantiza la libertad de expresarnos, sin afectar los derechos de terceros ni promover la guerra, el odio o la violencia”; se debe privilegiar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos siempre, especialmente, cuando hay tensiones entre la libertad de expresión y los derechos de terceros, incluso cuando sea legal usar la fuerza pública o las personas manifestantes no estén dispuestas a dialogar, siempre se debe privilegiar el diálogo, insistimos.
La responsable de la seguridad del país señaló que el derecho de manifestación, expresión y reunión, “en cuanto a derecho, no es condicionable, garantizando los derechos de terceros”; señaló a los gobiernos de las 32 entidades que “jamás se usará la fuerza pública para reprimir, agredir, o afectar de cualquier manera a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica”.
Además de que el Gobierno de México salvaguardará la integridad física, los bienes y la seguridad personal de las personas manifestantes y terceros; se deberá garantizar y respetar la labor de periodistas y comunicadores durante las manifestaciones, reuniones o cualquier forma de protesta social.
Y por último, indicó que los protocolos, planes operativos y capacitaciones de los cuerpos de seguridad de México para atender la protesta social de las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, deben priorizar las acciones de prevención y el diálogo, para evitar las confrontaciones entre manifestantes y terceros.
No dejó de señalar que en el decálogo se considera que México es un país de hombres y mujeres libres de manifestar sus ideas, reunirse y expresarse del modo que decidan; que el gobierno de México respeta el derecho de todas las personas, especialmente cuando disienten o son minorías; y observó que el gobierno de México no discrimina ni criminaliza la protesta social.
Resaltó el trabajo con perspectiva de género que se realiza en las Mesas Estatales y Regionales para la Construcción de la Paz, donde participan el gobernador o el secretario de Gobierno de cada entidad; representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de la Guardia Nacional; así como de la Fiscalía General de la República y Fiscalías de los estados; el delegado de la Secretaría de Bienestar, un Secretario Técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Detalló las acciones de trabajo para beneficio de las mujeres, entre las que se encuentran la instalación del Gabinete de Mujeres por la Construcción de la Paz, profesionalizar a los primeros respondientes en materia de género, crear un cuerpo especializado que apoye en la investigación de feminicidios; y el uso de las tecnologías de la información.
Por otro lado, y ante la persistencia de la pandemia de la violencia contra las mujeres en México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero enfatizó que si algo se desea transformar en el país, se tiene que poner en el centro a las mujeres, y aseveró que la igualdad es el centro de esta transformación.
Durante la presentación de los avances en la política nacional para erradicar las violencias contra las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores, afirmó que se debe “deconstruir” la cultura machista patriarcal para poder avanzar en esta perspectiva y que el gran reto es fortalecer la capacidad de respuesta en lo inmediato, en lo local, “y otro, el modelo de sanción a los agresores se hace indispensable”.
Sin resultados netamente tangibles de las medidas aplicadas para reducir la violencia contra niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores, la responsable de la política interna del país sostuvo: “tenemos que hacer que se llame a cuenta a los agresores y que en todo el país, ni el Gobierno de México ni la sociedad mexicana toleren ningún tipo de violencia contra las mujeres, sin excusas”.
Dijo que el Gobierno de México trabaja con voluntad y desde la mirada de muchas mujeres para lograr el derecho a vivir sin violencia y en igualdad de condiciones, y así concretar el cambio cultural que viene con la Cuarta Transformación.
“Como he dicho siempre, la sensibilidad en la atención a estas violencias y nuestro objetivo único, uno, erradicar las violencias contra las mujeres, eso es realmente el único objetivo del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV), erradicarlas, prevenirlas y sancionarlas, porque no puede ser de otra manera”, afirmó.
Lo más relevante de nuestro esfuerzo -dijo-, ha sido articular las acciones entre instituciones gubernamentales en esta materia.
Afirmó que desde el GIEV están convencidas que atender la pandemia de violencia contra las mujeres y niñas requiere un trabajo arduo de articulación y de corresponsabilidad financiera y operativa de las diversas instancias del gobierno federal, de los estados y de los municipios.
“Por ello estamos trabajando todas las semanas; tenemos este grupo interinstitucional trabajando. Creemos que esta es la manera de lograr que las mujeres del país accedan a una respuesta del Estado mexicano”, agregó Sánchez Cordero.
“Nunca antes estaban los institutos de las mujeres a nivel federal, estatal y municipal en las mesas de seguridad y construcción de paz. Hoy están presentes para culturizar de perspectiva de género para la actuación de los primeros respondientes de los fiscales, de las policías y de todo el sistema de construcción de paz y seguridad”.
La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, habló de los avances en los compromisos asumidos desde la comisión en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres.
“Estamos en una etapa de revisión conjunta sobre el funcionamiento de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, decretadas en 18 entidades federativas con una suma de 425 medidas.
Entre las acciones de estos dos primeros meses del año, con el subsidio de las alertas se lanzó una estrategia que nos permitirá tener este año a 643 servidoras y servidores públicos que les permitirá a su vez identificar y canalizar a tiempo a aquellas mujeres que se encuentren en riesgo”, abundó.
Anunció que se han implementado protocolos de actuación y reacción policial y se ampliaron los módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, y dijo que con el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las mujeres es una de las tareas centrales, pues es urgente que el personal gubernamental actúe con perspectiva de género cuando se analicen los delitos en contra de las mujeres.