PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro.com

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México dio el primer paso para que el o la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y fiscalías especializadas sean electos por voto directo de la ciudadanía.

El diputado Alberto Martínez Urincho presentó una iniciativa para que los encargados de las fiscalías en la CDMX sean electos por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que prevea la ley en la materia. Además, durarán en su encargo seis años, con posibilidad de reelección por un periodo similar, ya sea sucesiva o alternada.

Las personas candidatas se presentarán a elecciones en forma de planilla, que al efecto postulen los partidos políticos locales o los ciudadanos, en los términos que fije la ley electoral.

Al exponer el tema en tribuna, Martínez Urincho subrayó que ante las circunstancias que atraviesa la Ciudad de México, por la no ratificación de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, es necesario que la ciudadanía tome en sus manos la elección de estos funcionarios.

Agregó que los conflictos con Fiscalías se presentan en algunas entidades del país, como es el caso de las de Guanajuato, Morelos y Nuevo León, que se han utilizado como instrumento de golpeteo político.

“Ya hemos visto en sendos casos situaciones que se ha puesto de relieve que estas instancias autónomas, lamentablemente terminan en viles componendas, corruptelas o acuerdos, donde se pone en tela de juicio los principios del régimen democrático”, sentenció.

Añadió que el trance por el que pasa la Ciudad de México también evidencia la importancia de aportar a los instrumentos de democracia directa.

El legislador morenista acotó que todos los organismos autónomos tienen que ponerse a la luz pública, para que no se conviertan en nichos de corrupción y acotó que la imparcialidad del Ministerio Público es fundamental para la impartición de justicia.

El documento señala que la justicia es derecho humano reconocido en los principales instrumentos internacionales en la Constitución Política y es derecho de toda persona de hacer valer jurisdiccionalmente una prerrogativa que considera violada.

Asimismo, precisa que Estados Unidos es el único país del mundo donde quienes ejercen la acusación en nombre del Estado son funcionarios elegidos directamente por los ciudadanos, aunque no siempre fue así.