PATRICIA RAMIREZ
Foto: Cortesía @LuisaAlcalde
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presentó ante la secretaría general de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra un juez de Tamaulipas.
La funcionaria federal aseguró que Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas presuntamente favoreció a delincuentes.
LEE ADEMÁS: ¿El 5 de febrero es día festivo? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Precisó que en el marco de los trabajos del gabinete de seguridad se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México.
La Segob aseguró que existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público.
Por instrucciones del Presidente @lopezobrador_, presentamos ante la Cámara de Diputados una denuncia de Juicio Político en contra de Crescencio Contreras Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Tamaulipas.
Lo anterior… pic.twitter.com/qUai8QHto6
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 30, 2024
En la denuncia se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
“Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”, subrayó la Segob.
Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que se investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución.
