La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, advirtió que propuestas como la desaparición de la carrera judicial y la politización de la justicia ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos.

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Al participar en la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en la UNAM, aseguró que México atraviesa por circunstancias muy delicadas, que es necesario analizar con cuidado.

“La democracia constitucional en el mundo entero, y muy señaladamente en nuestro país, atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles”, dijo y citó a la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, quien advirtió que los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo.

Insistió en que hay evidencia en diferentes partes del mundo que los derechos humanos están en riesgo cuando un poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado.

“La democracia constitucional implica por tanto, no sólo una mera gobernabilidad, sino una gobernabilidad democrática, entendida como el gobierno de una comunidad, plural de ciudadanos, en libertad, el gobierno, de un todo, de mayoría y de minorías, donde se escucha a todos, y donde no se desoye a nadie”, refrendó ante juristas.

Agregó que, en el ámbito de sus competencias, se mantendrán mantenernos fieles a sus convicciones y seguir trabajando por la independencia y autonomía del poder Judicial.

La presidenta de la Corte sentenció que, ante las circunstancias actuales, defender la democracia constitucional es defender la dignidad inherente de cada persona.

En este contexto, refrendó que es evidente que uno de los propósitos de un poder Judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos.

“De modo que, en toda democracia, la independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas. La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura”, concluyó.