MANUEL GUADARRAMA
La semana pasada terminó el proceso de discusión legislativa del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se gastará el siguiente año. Aunque no hubo muchos cambios respecto a la propuesta enviada originalmente en septiembre por el presidente, de último momento los diputados hicieron cambios que dejan ver cuál será la dinámica en el proceso electoral 2024. Disminuyeron recursos a estados, municipios, organismos autónomos y Poder Legislativo y Judicial. Aumentaron los recursos a las transferencias de apoyo para Pemex y a programas sociales y no autorizaron recursos para Acapulco.
Durante el proceso de discusión del PEF, facultad exclusiva de los diputados, se presentaron más de 3 mil reservas para intentar cambios en la asignación de recursos. Los diferentes grupos parlamentarios presentaron propuestas para crear fondos o etiquetar asignaciones a la reconstrucción de Acapulco y las zonas afectadas por el huracán Otis. Sin embargo, de forma casi mecánica, la mayoría de los diputados de Morena, PT, PVEM desecharon las modificaciones. A la fecha, el Gobierno Federal anunció un plan de apoyo de 61 mil 313 millones de pesos que no especifica de dónde saldrán los recursos y qué reasignaciones se tendrán que hacer.
El costo de los daños de Otis reconocido por el Gobierno Federal difiere en muchos miles de millones de pesos de lo que consultoras especializadas en desastres naturales han estimado. Por ejemplo, Enki Research menciona que el desastre se acerca a los 269 mil millones pesos. Una diferencia de 208 mil millones que alguien tendrá que cubrir. Para sorpresa de todos, a 16 días de que el huracán impactó la costa guerrerense, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió el aviso de término de la declaración emergencia. A pesar de que el presidente quiera darle vuelta a la página lo más pronto posible, las afectaciones del huracán desafortunadamente permanecerán muchos meses más y los afectados serán las personas más vulnerables.
Dentro de los perdedores están el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (Inai) que suman un recorte de 5 mil 160 millones de pesos. También resultaron perdedores los estados y municipios a través de un recorte a sus participaciones (4,807 mdp) y aportaciones estimadas (1,493 mdp). De igual forma, el Poder Legislativo una disminución de 1 mil 637 mdp y el Poder Judicial un recorte de 6 mil 454 millones de pesos.
De acuerdo con el IMCO, Los recortes aprobados a los ramos autónomos no se destinarán a la reconstrucción de Acapulco, sino a las Becas del Bienestar Benito Juárez con un incremento total de 13 mil 262 mdp. El PEF 2024 será el presupuesto más grande para programas y desarrollo social con más de 3.7 billones de pesos, equivalente a cerca de 41% del gasto total. Otro ganador de la negociación de recursos fue Pemex, que de un plumazo se le autorizó un incremento de 24 mil 443 millones de pesos. Para cuadrar las cifras, se le disminuyó el presupuesto a la Secretaría de Energía (Sener) derivado de los recursos que serán recibidos a través del Derecho de Utilidad Compartida (DUC). Con este Paquete Económico se autorizó que la tasa que paga Pemex al Gobierno Federal pase de 40% a 30%.
Los ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación se dan en un contexto de finanzas públicas ajustadas. La propia Secretaría de Hacienda estima que los ingresos petroleros del país continúen disminuyendo en 2024 y que 1 de cada 5 pesos del gasto púbico se estará financiando con deuda pública. La estrategia de concentración de recursos a través de la eliminación de fondos, fideicomisos y el uso de ahorros y reservas generará un escenario insostenible para la próxima administración.
Siempre habrá ganadores y perdedores en el jaloneo de recursos públicos, pero en esta ocasión, los efectos negativos se tendrán que afrontar por todos al cierre del siguiente año. Después de que pase el torbellino electoral vendrá la cruda realidad.
*Manuel Guadarrama es maestro en políticas públicas y profesor universitario. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
