Prevé España extender estado de alarma un mes

El Gobierno español intentará extender el estado de alarma por el coronavirus por última vez hasta finales de junio, dijo el sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que el número de muertes diarias en el país alcanzó un mínimo de casi ocho semanas.
“El camino que estamos siguiendo es el único posible”, dijo Sánchez en una conferencia de prensa, diciendo que pediría al Parlamento una prórroga de un mes hasta finales de junio, momento en que la mayoría de una de las naciones más afectadas debería estar volviendo a la normalidad.
España introdujo por primera vez el decreto de estado de alarma el 14 de marzo. Las autoridades dicen que aunque el brote está controlado en gran medida, las restricciones deben mantenerse un poco más de tiempo, mientras la desescalada se lleva a cabo gradualmente.
El número de casos registrados en España subió en 539 hasta los 230.698 el sábado, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Asimismo, el número de muertos por coronavirus del país se elevó en 102, hasta los 27.563, frente a los 27.459 anunciados el viernes.
Después de impulsar cuatro prórrogas del estado de alarma en el Congreso de los Diputados, el apoyo a la coalición de izquierdas liderada por Sánchez está disminuyendo entre los parlamentarios y entre los votantes.
Algunas pequeñas protestas contra la gestión de la crisis del coronavirus por parte del gobierno y sus consecuencias económicas surgieron en Madrid esta semana, con manifestantes concentrados en caceroladas pidiendo la dimisión del gobierno.
En la manifestación más grande de este tipo, que tuvo lugar en el acomodado barrio de Salamanca, en Madrid, se reunieron varios cientos de personas, a pesar de los esfuerzos de la policía por imponer el distanciamiento social.
“No importa de qué se trate en las manifestaciones. Lo importante es mantener el distanciamiento social”, dijo Sánchez.

Nuevos pobres hacen cola para recoger alimentos
MADRID/BARCELONA.- Largas colas de personas ahora sin recursos se formaban en el barrio de Aluche, en Madrid, el sábado, esperando para recoger bolsas de primera necesidad, volcados de forma abrupta en la dependencia de un banco de alimentos por culpa de la pandemia.
Una asociación de vecinos empezó a organizar un banco de alimentos, con voluntarios repartiendo comida y otros artículos de primera necesidad. Unas 800 familias recibieron ayuda este fin de semana, según la Asociación Vecinal de Aluche.
“Mi hijo tiene discapacidad y llevo dos meses y medio sin trabajo. Económicamente estamos fatal”, dijo Yliana, una trabajadora del hogar que vino a vivir a España desde Rumanía.
Rafael Pae, que llegó a España a principios de este año desde Venezuela y ha estado luchando durante mucho tiempo contra la crisis económica, no ha podido trabajar.
“Cuando llegué, a una semana se desarrolló la pandemia. No he podido trabajar”, dijo a Reuters.
España ha sido golpeada por uno de los peores brotes de COVID-19, con 230.698 casos confirmados y 27.563 muertes. Sus esfuerzos para frenar la propagación llevaron a la economía a un punto muerto y enviaron la tasa de paro a niveles muy altos en marzo y abril, llevando a 5,2 millones de personas a depender de las prestaciones por desempleo.
En La Mina, una de las zonas más pobres de Barcelona, muchas familias viven de la venta de productos en la calle, pero su sustento ha quedado paralizado en medio del confinamiento del país, uno de los más estrictos de Europa y que sólo ahora empieza a aliviarse.
“Muchas familias aquí viven al día y muchas dependen de bancos de comida”, dijo a Reuters Susana Martínez Heredia, de 28 años, una funcionaria que vive en el vecindario.
La zona tiene una gran población romaní y Martínez dijo que la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña entregó recientemente 7 toneladas de alimentos a los necesitados de la zona.

El gobierno de coalición de izquierdas de España planea introducir una ingreso mínimo vital para los hogares más pobres. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dicho que su financiación costaría unos 3.000 millones de euros al año, aunque todavía no se han anunciado los detalles concretos.