El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado anunció que demandará al Gobierno Federal precisar las medidas de reparación, indemnización o compensación adoptadas frente a la ocupación de tierras y las interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico, con el propósito de garantizar los derechos de las comunidades afectadas y restablecer su acceso a servicios básicos en condiciones dignas.

Los legisladores presentaron un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a explicar públicamente los criterios técnicos, financieros y sociales que llevaron a priorizar la infraestructura eléctrica del Tren Maya sobre el acceso regular y permanente a la electricidad en comunidades mayas.

En el documento se pide detallar las razones que justificaron la inversión superior a 8 mil millones de pesos en el proyecto ferroviario, así como precisar las acciones implementadas para garantizar que los pueblos mayas cuenten con un suministro pleno y constante de energía eléctrica.
También se exige que se informe si se realizaron consultas previas, libres e informadas a las comunidades indígenas, en cumplimiento con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El grupo parlamentario destacó que el acceso a servicios básicos es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, el cual asegura condiciones de vida dignas y obliga al Estado a proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Advirtieron que el suministro eléctrico es un servicio público esencial e indispensable para el desarrollo integral de las comunidades, en especial de aquellas que históricamente han enfrentado condiciones de vulnerabilidad, como los pueblos originarios mayas.

Finalmente, señalaron que la disparidad entre los recursos destinados a un megaproyecto y la carencia de servicios básicos en comunidades marginadas evidencia una contradicción que exige transparencia, rendición de cuentas y atención inmediata a los pueblos afectados.