El PRI presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral, una queja contra Morena por afiliación ilegal de ciudadanos al padrón de militantes de ese partido.

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La denuncia interpuesta por la dirigencia del PRI señala que se utilizaron escuelas de la Secretaría de la Educación Pública (SEP) y servidores públicos que laboran en ellas para afiliar a padres y madres de familia, a quienes condicionan los programas sociales.

Agregó que un programa de afiliación masiva ilegal, al coaccionar a ciudadanos a sumarse a sus filas, lo cual constituye una grave violación a los principios democráticos.

Las conductas de Morena denunciadas por el PRI, son violación al derecho de afiliación libre e individual, afiliación corporativa, uso de recursos públicos para favorecer a ese partido y el condicionamiento de los programas sociales.

“No solo atenta contra la libertad de asociación y autodeterminación política de los ciudadanos, sino que además distorsiona el sistema de partidos y debilita la confianza en las instituciones democráticas”, sostuvo la dirigencia nacional priista.

Sentenció que condicionar la entrega de programas sociales, como pensiones, becas o apoyos alimentarios, a la afiliación a Morena, configura un uso ilegal, parcial y electoral de recursos públicos, contrario a los principios de imparcialidad y legalidad, y debe ser sancionado como tal.

Acotó que se ha documentado públicamente que planteles educativos de la SEP son utilizados para convocar, invitar y afiliar a padres y madres de familia a Morena, lo cual no solo es inadmisible en términos políticos, sino que constituye una violación frontal al principio de imparcialidad electoral.

Precisó que la apertura de escuelas de la SEP como espacios para actos de afiliación partidista configura el uso ilícito y parcial de recursos públicos federales. “Su utilización para fines político-partidistas constituye una desviación de poder y una afectación directa al principio de neutralidad e imparcialidad institucional”, dijo.

Explicó que la Constitución establece que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.

En ese punto, advirtió que las escuelas son operadas por personal federal, entre directores, maestros y personal administrativo, quienes actúan como servidores públicos conforme al artículo 108 constitucional, y la utilización de su tiempo, trabajo o influencia jerárquica en estos actos partidistas agrava la falta y criticó la participación en estos actos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).