PILAR MANSILLA
Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República propondrá, en la Comisión Permanente que la Comisión Nacional de Búsqueda sea un organismo autónomo especializado que determine, ejecute y dé seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas en todo el territorio nacional.
Proponen también que la Comisión Nacional de Búsqueda se conforme por un presidente, que será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta del presidente de la República, que durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto por una única ocasión.
En la propuesta que hará el grupo parlamentario, encabezado por el legislador Manuel Añorve Baños, consideran que la autonomía del organismo permitirá mejorar su actuación ya que se fortalecerán los protocolos de búsqueda, la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional para abordar este desafío de manera integral.
Indicaron que la modificación que propondrán “implicaría otorgarle independencia en su funcionamiento y toma de decisiones. “Esto incluiría la elección de su presidencia de manera transparente y plural, así como una asignación de presupuesto que evite la influencia política en su labor”.
Estimaron que el objetivo de la Comisión Nacional de Búsqueda, que actualmente depende de la Secretaría de Gobernación, es coordinar, junto con las diversas autoridades federales y estatales, acciones de búsqueda con la finalidad de dar con el paradero de las personas desaparecidas, tiene diversas obligaciones y atribuciones tanto en la Ley General en Materia de Desaparición, como en el Protocolo Homologado de Búsqueda.
Señalan también que la autonomía en la búsqueda de desaparecidos en México permitiría una búsqueda “más eficiente y efectiva al eliminar trabas burocráticas y políticas; los datos sobre desaparecidos y las acciones emprendidas serían más transparentes, lo que generaría confianza en la sociedad y evitaría la manipulación política de la información; aseguraría que las políticas de búsqueda estén centradas en las necesidades de las víctimas y no en intereses políticos; y contribuiría a la impartición de justicia al proporcionar información precisa y confiable para investigaciones y procesos judiciales”.
Con las reformas a los artículos 14 y 21 de la Constitución en materia de desaparición forzada y localización de víctimas, indican, el Estado garantizará el derecho de toda persona de ser buscada, mediante acciones de búsqueda, localización e identificación emprendidas por la Comisión Nacional de Búsqueda.
