El senador por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó en la Cámara alta dos iniciativas de reforma que buscan frenar el uso electoral de los recursos públicos y de las instituciones del Estado.

La primera propone modificar la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley de Austeridad Republicana para establecer penas de hasta nueve años de prisión a servidores públicos que participen en actos de afiliación partidista dentro de oficinas gubernamentales.

La segunda plantea cambios a la Ley Orgánica del Congreso General para impedir que los grupos parlamentarios utilicen las instalaciones legislativas con fines proselitistas.

“Se trata de una respuesta directa, jurídica y frontal contra el oficialismo que ha desvirtuado las instituciones del Estado y las ha reducido a herramientas de propaganda, chantaje y control político”, afirmó el también dirigente nacional del partido.

Moreno Cárdenas acusó que “MORENA ha convertido escuelas, oficinas públicas y hasta los espacios del Congreso en centros de afiliación partidista, donde se obliga a los más necesitados a entregar su dignidad a cambio de un apoyo social”.

Advirtió que estas acciones han trastocado los principios democráticos al eliminar la división entre lo institucional y lo partidario.

“Cuando el Estado se convierte en instrumento de una causa partidista, cuando sus espacios se confunden con los de una facción política, se erosiona la frontera entre lo público y lo privado, y con ella, la esencia misma de nuestra convivencia democrática”, expresó.

Sostuvo que “la práctica no es nueva, pero ha sido sistemática y descarada bajo el régimen actual”, y agregó que “servidores públicos que en horario laboral promueven la afiliación a MORENA; programas sociales que se ofrecen a cambio de credenciales firmadas; y oficinas públicas que se han transformado en cuarteles del partido oficial” son parte de un patrón que debe frenar legalmente.

De acuerdo con el legislador, el oficialismo ha actuado sin consecuencias legales. “MORENA ha desafiado la Constitución con total impunidad. Ha violado el artículo 134 que obliga a usar los recursos públicos con honradez y equidad. Ha ignorado el principio de imparcialidad del artículo 41. Y ha degradado el servicio público, utilizándolo como herramienta para manipular, coaccionar y reclutar bajo amenaza a quienes más necesitan al Estado”, señaló.

Subrayó que “estas iniciativas no son una advertencia, son un freno. Un alto legal al avance autoritario de un gobierno que se ha dedicado a destruir la línea que separa al partido del gobierno”.

Finalmente, hizo un llamado al resto de los actores políticos a no permitir la normalización del uso clientelar del aparato estatal.

“Es un llamado al resto de las fuerzas políticas para que no se normalice el abuso de poder, ni la coacción del voto, ni el uso clientelar del presupuesto público” y afirmó que “con estas reformas, el PRI es el único partido que está enfrentando con valor y fundamento jurídico el proyecto totalitario de MORENA”.