AIDA RAMÍREZ

Fotos: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) identificó que para 2023 el dinero presupuestado para transferencias gubernamentales (vía programas sociales) es, por mucho, el mayor del sexenio, luego de que para este año se asignaron 865 mil 227 millones de pesos para este concepto, un aumento en términos reales de 18.8 por ciento en relación con lo autorizado para el 2022.

Si se compara la cifra para 2023 contra la del inicio del sexenio, ha crecido una cuarta parte el presupuesto para este rubro, esto es, 25.7 por ciento y más de la mitad de los 865 mil millones (58.8 por ciento) se destinarán a ocho programas sociales prioritarios.

Por ello, la exigencia de la iniciativa privada para que desde ahora, cuando ya iniciaron las contiendas previas a la elección presidencial del 2024, la del Estado de México y Coahuila, se blinden los programas sociales.

Más aún, luego de que el pasado 4 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. Es un asunto de estrategia política”, lo que podría sugerir que existe una estrategia para captar una mayor cantidad de votantes a través de los programas sociales de forma clientelar.

De acuerdo con la última medición de la pobreza del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), en nuestro país del 2018 al 2020, la población en situación de pobreza aumentó de 41.9 a 43.9 por ciento; lo que quiere decir que se pasó de tener 51.9 millones de personas en condiciones de pobreza a 55.7 millones.

En tanto que la población en situación de pobreza extrema aumentó de 7.0 a 8.5 por ciento, pasando de 8.7 millones a 10.8 millones de personas.

Estas cifras son alarmantes, señala un documento de la Confederación Patronal de la República Mexicana, pues indica que aproximadamente cuatro millones de mexicanos más comenzaron a tener dificultades para satisfacer sus necesidades básicas; y se sumaron 2.1 millones a la pobreza extrema, personas que sus ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar y no les alcanza para adquirir la canasta alimentaria básica.

“Ayudar a quienes menos tienen no debe ser un cálculo político, sino una convicción y un compromiso social y en favor del desarrollo inclusivo. Hoy, los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y para estudiantes de bajos recursos están garantizados, se elevaron a rango constitucional para que no puedan eliminarse pero requieren blindarse ante el uso político o clientelar”.

Y es que la ayuda benevolente del gobierno podría generar suspicacias por el hecho de que para este año el presupuesto para los programas clave haya crecido de forma exponencial; ya que el de adultos mayores aumentó 36.6 por ciento y el de Jóvenes en Educación Media Superior (que podrían ser primeros votantes en 2024) un 20 por ciento.