GABY SALIDO

A principios de este mes, se difundieron diversas notas del manejo y uso ilegal de: “Jóvenes Construyendo el Futuro”, uno de los programas sociales más promovidos por el gobierno federal.

La falta de mecanismos en la 4T para evaluar objetivamente estos programas, da como resultado reglas fácilmente vulnerables.

Vemos en este caso, la finalidad de ayudar a jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y tampoco trabajan, para vincularlos con centros laborales que fomenten su talento.

La capacitación se brinda en un esquema de tutores y aprendices, adquiriendo también experiencia laboral. Pero no son los únicos beneficios:

Incluye un apoyo económico que consiste en pagos mensuales de más de 6 mil 300 pesos -hasta por un año-, entregados directamente a los jóvenes beneficiarios.

Como planteamiento original, el centro de trabajo recibe mano de obra prácticamente sin costo, en contraparte, los jóvenes adquieren experiencia por sus actividades remuneradas.

Gran sorpresa descubrir que esta “beca” para Incorporar a los jóvenes en actividades productivas, supera el monto del salario mínimo vigente en el país.

En cifras oficiales, esta acción reporta más de 2 millones 560 mil beneficiarios pero la pregunta es ¿cuántos de ellos realmente cumplieron el objetivo del programa?

Ante la evidencia, funcionarios federales responsables de la supervisión, reconocen que ya tenían conocimiento desde el 2019, incluso con otras modalidades, usando empresas fantasma o con centros de trabajo que nunca se incorporaron al programa.

Me parece grave la conclusión simplona de uno de los responsables del desarrollo social del país: ¡El programa es un éxito, porque es promesa de campaña de nuestro señor presidente!

Soberbia y sin fundamento llega esa respuesta, ante la opacidad en el manejo de Programas Sociales en la 4T.

Bien dicen: ¡prometer no empobrece!, pero esa no es la forma de evaluar un programa social, pues solo confirman la opacidad en el manejo de recursos.

Por dar una cifra: en un informe de Fiscalización de la Cuenta Pública del año 2021, la Auditoría Superior de la Federación señaló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no justificaba el gasto por más de 78 millones de pesos, en este programa.

En esa auditoría se revisó poco más del 20 por ciento del presupuesto para el programa, encontrando irregularidades como: beneficiarios que sí estaban estudiando o trabajando, personal del propio gobierno con ISSSTE pero inscrito como aprendiz para recibir beca, entre otros.

El control de políticas de desarrollo social se debe medir con resultados objetivos. No se puede hablar de un programa exitoso si la población beneficiada no tiene mejoría en su calidad de vida.
En este caso no es así, pues las condiciones en el mercado laboral no son del todo favorables.