La senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a implementar medidas que faciliten la inscripción en escuelas del sistema educativo nacional a niños y adolescentes repatriados desde Estados Unidos, en el contexto de las políticas migratorias aplicadas durante el gobierno del expresidente Donald Trump.

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La propuesta solicita que el requisito de presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) sea considerado cubierto mediante la presentación de la matrícula consular, documento de identificación expedido por los consulados de México en el extranjero y que no se exija la Cartilla Nacional de Salud como parte del proceso de inscripción.

Además, plantea un exhorto a las secretarías de educación de las entidades federativas a que no requieran la legalización o apostilla de documentos escolares provenientes del extranjero, como boletas de evaluación, informes de calificaciones parciales u otros documentos académicos, al momento de inscribir a menores que hayan cursado estudios fuera del país.

De acuerdo con la senadora, muchos niños repatriados enfrentan dificultades para ingresar a las escuelas mexicanas porque no cuentan con documentación como acta de nacimiento mexicana, CURP, boletas escolares o cartilla de salud, y que, aunque legalmente no deben ser excluidos, en la práctica hay casos donde se les niega el acceso por no cumplir con todos los requisitos administrativos.

En la propuesta señala que actualmente, las normas de control escolar de la SEP exigen documentos como solicitud de inscripción, acta de nacimiento, CURP, Cartilla Nacional de Salud, certificado de educación preescolar y, si se ha cursado algún grado previo, boleta de evaluación o calificaciones parciales, así como documentos que acrediten estudios realizados en el extranjero.

García Medina recordó que tanto la Constitución como diversas leyes nacionales e instrumentos internacionales protegen el derecho de toda persona a la educación, sin distinción por origen nacional o situación migratoria. También citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales establecen que el interés superior de la niñez debe ser considerado en toda medida que los afecte, y que corresponde al Estado eliminar los obstáculos que impidan ejercer derechos fundamentales, como el acceso a la educación.

La legisladora señaló que muchas familias no conocen sus derechos y que las escuelas, por falta de información o por aplicar criterios rígidos, imponen barreras que no deberían existir.

En ese sentido, destacó que la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP tiene facultades para establecer criterios de inscripción y certificación que permitan resolver estas situaciones.