Al considerar que en México llegar a la vejez aún significa quedar fuera del mundo digital, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República presentó una propuesta para que se creen Centros Comunitarios de Educación Digital, en coordinación con la Secretaría del Bienestar y autoridades locales.

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El objetivo, señala la propuesta presentada en la Comisión Permanente es que se garantice que los adultos mayores tengan acceso real y efectivo a las tecnologías de la información y comunicación, así como a la capacitación necesaria para su uso.

Moreno Cárdenas, por lo anterior, indica que la iniciativa busca que la inclusión digital deje de ser un privilegio y se reconozca como un derecho, no condicionado por la edad, el ingreso o el lugar de residencia.

El también dirigente nacional del PRI contempla una reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para establecer que el Estado no solo debe garantizar conectividad, sino también crear condiciones reales para que este sector se integre activamente a un entorno cada vez más digitalizado.

“No se trata únicamente de proporcionar acceso técnico, sino de habilitar espacios formativos permanentes, con un enfoque adaptado al proceso de envejecimiento“, resalta en el documento.

En su exposición de motivos, Moreno Cárdenas señaló que, aunque la Constitución reconoce el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, este mandato no se ha traducido en políticas públicas específicas dirigidas a las personas mayores.

Entre los principales obstáculos que enfrenta este sector mencionó la falta de infraestructura, ingresos limitados y ausencia de programas de capacitación tecnológica.

Como parte de los argumentos, el legislador priista citó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023, elaborada por el INEGI.

De acuerdo con esta fuente, solo el 47.6 % de las personas de 55 años o más utiliza internet, mientras que en el grupo de 18 a 24 años la proporción es del 95.1 %, diferencia que advirtió, “refleja una brecha digital persistente que impacta directamente en el bienestar, el acceso a servicios y la participación social de las personas mayores”.

La iniciativa también advierte que la desaparición del programa “México Conectado” dejó un vacío en materia de formación digital que no ha sido atendido, al señalar que la empresa estatal CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, creada en el sexenio anterior, se ha enfocado en ampliar la infraestructura de conectividad, pero ha omitido los componentes educativos “indispensables para cerrar la brecha con quienes nunca han tenido contacto con estas herramientas”.

El documento propone también una política nacional integral con enfoque de derechos humanos, accesibilidad digital y diseño universal y plantea como objetivos específicos promover el acceso y fomentar la capacitación en tecnologías de la información, con atención a las condiciones particulares del envejecimiento.

Desde esta perspectiva, advirtió que la inclusión digital no puede considerarse un lujo ni una meta secundaria: es un requisito para garantizar autonomía, participación ciudadana y equidad social.

La visión que sostiene la propuesta parte del principio de que las personas adultas mayores no son sujetos pasivos, sino ciudadanos capaces de contribuir, siempre que existan las condiciones adecuadas, por lo que el acceso a la tecnología debe ser parte del ejercicio pleno de derechos y no una barrera más en la vida cotidiana.